De acuerdo a reportes de CENSIDA, en los últimos años el número de nuevos casos de VIH en México se ha mantenido en aproximadamente 12,000 cada año. Es decir, no han aumentado pero tampoco han disminuido como se esperaría en un país donde existe acceso gratuito al tratamiento para todas las personas que lo requieran.
Por otro lado, la tasa de mortalidad disminuyó un 17% en los últimos 6 años, de 4.7 a 3.9 por cada 100 mil habitantes.
Estas son buenas noticias pero no suficientes, debido a que los logros alcanzados por sociedad civil, gobierno y academia penden de un hilo y si no se redoblan esfuerzos, la situación podría empeorar como ya está ocurriendo en Chile, Guatemala y Costa Rica, según la Organización Panamericana de la Salud.
Hace unas semanas se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, en la Cámara de Diputados. En el rubro de salud, se aplicó el recorte que propuso el gobierno federal de 4.5% comparado con el año anterior.
En dicho recorte se fue el presupuesto destinado a la prevención de VIH para mujeres, como lo denunció la Red de Acceso. Pero el recorte no es el único problema en materia de VIH, sino también el mal uso del dinero, como el que hizo el gobierno de Veracruz, al comprar pruebas de detección de mala calidad, según se descubrió el año pasado.
El Objetivo de Desarrollo Sustentable número 3 de la ONU plantea que para el año 2030, la epidemia del VIH deberá frenarse. Sin embargo, con los recursos actuales no es muy factible que México lo pueda lograr, ya que además de los financieros, existen problemas políticos y sociales involucrados. Uno de ellos es el hecho de que la salud sexual y reproductiva no es una prioridad en la agenda actual del gobierno -con excepción quizás de la prevención del embarazo adolescente-. Otro de ellos, es que los sectores más conservadores se oponen a la educación sexual integral en las escuelas y a que los adolescentes accedan a condones.
Con información de Hufftpost.
