Carlos Salinas | El País | Reuters
La calma quedó trastocada la noche del martes en el callejón San Felipe de Jesús, de la colonia San Felipe, de Ciudad de México. Decenas de oficiales de la Secretaria de Seguridad capitalina se trasladaron hasta esta zona localizada en la delegación Xochimilco, al sureste de la ciudad, para registrar una casa donde, según las autoridades, vivía la mujer que el pasado 11 de febrero recogió de su colegio a Fátima, la niña de siete años cuyo asesinato ha conmocionado al país. La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, ha informado en Twitter que gracias al apoyo de algunos ciudadanos pudieron establecer la identidad de la mujer, identificada como Giovana, y avanzar en la investigación. “Vamos a dar con los responsables y habrá justicia”, ha afirmado Sheinbaum. Las autoridades también han determinado la identidad de un hombre, de nombre Mario Alberto, que, dijeron, «tiene una relación emocional o de pareja» con la mujer e investigan su vinculación con el crimen.
Los vecinos de este barrio capitalino, un tinglado de casas construidas al azar y golpeado por la pobreza, se agolparon a las afueras del inmueble número 17, donde peritos de la fiscalía y oficiales especializados en investigación criminal y medicina forense analizaban el interior. Las autoridades han informado de que hallaron la ropa que usaba la mujer el día que secuestró a Fátima, los zapatos de la niña, así como cinturones con sangre, documentos de identidad y fotografías, objetos «que permitieron obtener información sobre dos personas relacionadas con la desaparición de la menor», ha dicho la mañana de este miércoles Ulises Lara, vocero de la fiscalía general de Ciudad de México. El funcionario ha informado que han girado órdenes de detención contra estas personas, que serán acusadas por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño a la niña. Lara ha recordado que el Código Penal de la capital establece sanciones de entre 80 y 140 años de prisión para este delito. «Solicitaremos a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho», ha afirmado Lara en una rueda de prensa.
#EnVivo Ulises Lara López, Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en conferencia de prensa https://t.co/bOKm8eDewy
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) February 19, 2020
La conmoción generada en México por el asesinato de Fátima ha llevado a las autoridades a actuar con urgencia en el esclarecimiento del crimen ante el hartazgo y la presión social. La propia alcaldesa Sheinbaum lanzó un mea culpa al admitir que la actuación oficial estuvo dominada por una cadena de negligencias. Tras seis días desaparecida, el fin de semana pasado el cadáver de Fátima Aldriguett Antón fue hallado en bolsas de basura y con señales de haber sido torturada. Fue un fallo mortal de los protocolos de las autoridades del colegio, quienes dejaron ir a la niña con una desconocida, y del proceder de la fiscalía local, que retrasó la denuncia de desaparición de la menor durante más de 24 horas.
Las autoridades distribuyeron un retrato de la mujer que supuestamente se llevó a Fátima y ofrecieron una recompensa de dos millones de pesos (más de 100.000 dólares) a quien entregara información para localizarla. Se informó de que se trataba de una mujer entre los 42 y 45 años y de una estatura unos 1,60 metros. Según la información oficial, Fátima fue recogida del colegio por esta mujer, a quien los familiares de la menor, dicen, no conocen. Un vídeo de seguridad revela cómo la mujer lleva a la niña de la mano. El cadáver de Fátima fue hallado en un terreno baldío, a unas pocas cuadras de su casa. Estaba desnudo, mostraba golpes y estaba enrollado en plásticos. Malena Antón, madre de la niña, dijo el martes frente a los medios de comunicación una frase desgarradora: “Esta vez fue mi hija, pero podría haber sido la de cualquiera de ustedes”.
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ha detallado que investigan las negligencias que pudieron haber cometido funcionarios locales en este caso, además de considerar el crimen como un feminicidio. Uno más en un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres, crímenes que tienen un 90% de impunidad, sin que el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador haya establecido aún una estrategia concreta para atajar este flagelo. El martes, durante su conferencia matutina, el mandatario afirmó que su Administración está “atendiendo las causas” de esa violencia, pero no presentó una estrategia clara para frenar la alta tasa de asesinatos de mujeres.
Los mexicanos se despiertan a diario escuchando historias de horror. Unos días antes de la desaparición de Fátima se conoció el feminicidio Ingrid Escamilla, de 25 años, asesinada por su pareja en Ciudad de México. Esta violencia ha movilizado a miles de mujeres en todo el país, que protestan exigiendo un alto a esta sangría. La negligencia de las autoridades y la postura del presidente, que achaca la violencia a la herencia de corrupción e impunidad dejada por gobiernos anteriores y que pide que las manifestaciones de mujeres no sean violentas, ha enfurecido a la ciudadanía de un país que cuenta en centenares de miles sus muertos.
La tarde del martes el cuerpo de Fátima fue sepultado al son de música de mariachis. Decenas de vecinos de su barrio del sur de la capital acompañaron el cortejo fúnebre. Cargaban flores y globos blancos. Un pequeño féretro del mismo color fue colocado en el hueco abierto en el panteón, entre llantos, mientras en otros puntos de la ciudad decenas de mujeres lanzaban un grito que resuena a lo largo del territorio mexicano: “Ni una más”.
