El gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido pagó 521 millones de pesos a empresas fantasma, para obras que hoy son inexistentes y en adelantos no reembolsables, según se advierte en una investigación de la organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad.
Un solo contrato -que se entregó a una empresa cuyo domicilio fiscal no existe- fue para la rehabilitación del Periférico Ecológico y requirió 270 millones de pesos.
Además se detectaron pagos de 203 millones de pesos por trabajos para subsanar daños por fenómenos meteorológicos en municipios, pero no se realizaron.
La organización también ubicó 47.8 millones de pesos entregados en adelantos de obras que finalmente fueron canceladas durante la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, y cuyos recursos no son reembolsables.
Itzel Jiménez Ríos, representante de la agrupación, indicó que los supuestos desvíos de recursos se realizaron con la “complicidad y ausencia gubernamental” del actual gobierno estatal, por lo que subrayó la necesidad de establecer sanciones.
En suma, durante el interinato de seis meses que se estableció en Puebla a raíz de la muerte de la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo se realizaron 26 licitaciones de obra pública por 1 mil 117 millones de pesos, por lo que las anomalías representan casi la mitad de la suma.
Dan casi 300 mdp a empresa inexistente
La obra más grande del sexenio de Pacheco Pulido tuvo un costo de 292 millones 645 mil 705 pesos y se otorgó a las empresas Constructora Urbaniq S.A. de C.V en colaboración con Recom Construcciones S.A. de C.V. y Construcciones Artevek S.A. de C.V, para rehabilitar con concreto hidráulico una troncal del Periférico y la salida a la Vía Atlixcáyotl.
Según la investigación, cuando se ubican a los socios de dichas empresas se advierte que Jesús Sósimo Quiterio Plata es dueño de Recom y Artevek, lo que implica que una misma persona recibió recursos a través de dos razones sociales distintas.
Por otra parte, tampoco pudo encontrarse el domicilio de la Constructora Urbaniq, pues en la dirección que proporcionó al gobierno interino, en Calle Miguel Hidalgo de Los Ángeles Mayorazgo, existe una vivienda particular.
Se liquidaron obras que no se realizaron
Otra de las anomalías detectadas tiene que ver con la empresa Beresmo Constructora y Urbanizadora S.A. de C.V. que ganó contratos para la reconstrucción por derrumbes en los municipios de Huehuetlán el Grande, Xicotepec, Coxcatlán, Nopalucan, Tlaxco, Zacapala, Puebla, Victoria y Hueytlapan, por 39 millones 211 mil 316 pesos.
De acuerdo con información de los ayuntamientos, las obras nunca se realizaron pero sí se liquidaron en su totalidad, el 5 de julio, casi un mes antes de que concluyera el interinato.
La empresa fue creada en 2013 y uno de sus socios, Carlos Cuéllar Moreno, es también dueño de Jiménez y Cuéllar Asociados S.A. de C.V., que de igual forma se vio beneficiada con las licitaciones de Guillermo Pacheco.
La organización también señaló que la empresa es “fachada”, pues acudió a su domicilio fiscal en la calle 5 poniente, Chipilo de Francisco de Xavier Mina, en San Gregorio Atzompa, sin embargo no se ubica en ese lugar.
Lo mismo ocurrió con Consorcio Constructor Ríos Alseseca S.A. de C.V. pues recibió un contrato por 48 millones 416 mil 109 pesos, el 21 de junio de 2019, para atender afectaciones por derrumbes y deslaves en los siguientes municipios:
Huehuetlán El Grande, Coxcatlán, Nopalucan, Zoquitlán, Acatlán, Zautla, Puebla, Zacapala, Tlacuilotepec, San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana, Tlapacoya, Tlaola, Chiahutla, Ixcamilpa De Guerrero, Zapotitlán de Méndez, Xochitlán de Vicente Suárez y Tetela de Ocampo.
Sin embargo en Coxcatlán, Huehuetlán El Grande, Ixcamilpa, Tlapacoya y Tlacuilotepec confirmaron que los trabajos nunca se realizaron.
En el contrato, la empresa señala como su domicilio fiscal Privada 113 C Poniente 1110, San Francisco Mayorazgo, Puebla, pero este no existe, según verificó la agrupación en la indagatoria que realizó.
Otro caso similar es el de Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla S.A. de C.V., que fue contratada para realizar trabajos similares en Chiconcuautla, Jopala, Zihuateutla, Tepango de Rodríguez, Xicotepec, Jolalpan, Eloxochitlán, Zacatlán, San Sebastián Tlacotepec, Chignautla, Cuatempan y Axutla, por 29 millones 887 mil 841 pesos, los cuales no se llevaron a cabo.
La firma señaló en el contrato que su domicilio se encuentra en la calle 5 de Febrero 746-8, Leobardo Coca de la capital poblana, pero al acudir a este sitió, PCCI se topó con un inmueble vacío.
Constructora Gyatso S.A. De C.V también reportó trabajos que no se realizaron, pues fue contratada para abrir caminos en Tlaxco, Tlacuilotepec, Pantepec, Zihuateutla, Cuetzalan del Progreso, San Sebastián Tlacotepec, Oxochitlan y Chilchotla, por 24 millones 497 mil 253 pesos.
Cuando se solicitó información respecto de la obra realizada, los municipios de Chilchotla y Pantepec dijeron no tener conocimiento de ello.
A Gepsa Ingeniería Industrial S.A. de C.V., el gobierno de Pacheco le dio un contrato por 19 millones 981 mil 877 pesos, también para reparar derrumbes en Ajalpan, Huehuetla, Zacapoaxtla, Zaragoza, Aquixtla, Tepetzintla, Cuautepec, Camocuautla, Huitzilan de Serdán, Hueytlalpan, y Zongozotla, pero estos dos últimos municipios confirmaron que la obra no se realizó.
Al visitar su domicilio, localizado en Avenida Nacional 8501, Los Pinos de la capital, la agrupación encontró un inmueble con un rótulo de la firma pero este estaba vacío y los vecinos dijeron no tener referencia de la empresa.
La empresa Jiménez y Cuéllar Asociados S. A. de C.V. fue beneficiada con un contrato por 34 millones 294 mil 655, y fue relacionada por la agrupación con Beresmo Constructora y Urbanizadora, pues tienen como socio en común a Carlos Cuéllar Moreno, lo que significa que en un periodo de menos de seis meses se vio beneficiado por contratos por 73 millones 505 mil 972 de pesos.
A Jiménez y Cuéllar Asociados también se le encargaron arreglos en caminos que nunca se realizaron, según informaron los ayuntamientos de Zongozotla, Tepango de Rodríguez, Coatepec, Zacatlán, Eloxochitlán, Camocuautla y Jolalpan.
Así, esas dos firmas concentran casi el 30 % del dinero malversado, según expone la agrupación.
La organización también identificó irregularidades en el domicilio fiscal de la Constructora y Urbanizadora Charger S.A. de C.V. que obtuvo un contrato por 51 millones de pesos para rehabilitar la carretera Zacatlán-La Cumbre, pues la dirección que proporcionó en el contrato, Privada 11 B sur, Prados Agua Azul, en realidad se trata de un domicilio particular.
Cancelaron obras pero sí las pagaron
En su investigación, la agrupación también identificó cuatro obras que se iniciaron durante la gestión de Pacheco Pulido pero que fueron canceladas en el marco del inicio de la gestión del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, bajo el argumento de que eran innecesarias.
Sin embargo, se pagaron 47 millones 857 mil 557 pesos como anticipos por dos de las cuatro obras que Arquitectoni-K y Grupo Constructor y Arrendador del Centro obtuvieron.
Estas fueron las referentes a la intersección del Boulevard del Niño Poblano, Boulevard Atlixco y Boulevard Zavaleta y la reconstrucción de las calles laterales de la Recta Cholula.
De acuerdo con los resultados de la investigación, el tiempo en el que los concursos de licitación de las obras estuvieron vigentes fue entre 4 y 8 días, lo que la organización interpreta como un periodo que solo da paso a que se inscriban las empresas previamente apalabradas.
Al presentar los resultados de la investigación, Itzel Jiménez Ríos consideró necesario que la Secretaría de la Función Pública del estado explique qué ocurrió con estos 521 millones de pesos, pues a la fecha no hay supervisión de las obras, lo que podría interpretarse como complicidad.
“La actual Secretaría de la Función Pública del gobierno de Luis Miguel Barbosa debe explicar a la ciudadanía poblana lo ocurrido con por lo menos 521 millones de pesos que fueron ejercidos en obra pública durante los seis meses que duró la administración del gobierno interino a cargo de Guillermo Pacheco Pulido. La absoluta inactividad de las autoridades encargadas de inspeccionar y auditar el gasto público evidencia importantes niveles de ineficiencia, o bien, una falta de voluntad para cumplir con sus funciones y escudriñar cómo, dónde y por qué se ejercieron esos montos de dinero”, expuso.
