Con la convicción de que la educación adquiere mayor sentido cuando se encuentra con la realidad y contribuye a la sociedad, la rectora Lilia Cedillo Ramírez signó, a nombre de la universidad, un convenio de colaboración con la Auditoría Superior del Estado de Puebla, representada por el titular, Germán Reyna y Herrero.
Durante la firma, la doctora Cedillo Ramírez señaló que esta colaboración abre las puertas a los universitarios para realizar prácticas profesionales y conocer de cerca el ejercicio profesional: “La institución se siente muy honrada por el gesto de confianza que nos brindan. Podemos decir que hacemos bien las cosas, pero los que tienen la última palabra son los empleadores y eso nos permite corregir el rumbo”.
El auditor Superior, Germán Reyna y Herrero, recordó que como egresado, la BUAP le dejó múltiples experiencias y una formación con valores que hoy ejerce a través de su cargo. Indicó que esta colaboración fortalece los vínculos entre la academia y la fiscalización superior. Además, abre espacios en los que las y los estudiantes pueden complementarse con experiencia y también adquirir la responsabilidad de contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto ejercicio de los recursos públicos.
Al tomar la palabra, la abogada general, Miriam Olga Ponce Gómez, explicó que este convenio, el cual establece las bases y condiciones para que los alumnos puedan realizar su servicio social y prácticas profesionales en la Auditoría Superior del Estado de Puebla, también es una oportunidad para que el alumnado comprenda que los conocimientos adquiridos en las aulas tienen una responsabilidad frente a la sociedad.
En la firma también estuvieron presentes el titular de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, Pedro Zayas Báez; así como la directora general de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Ruth Fuentes Monterrosas, además de funcionarios universitarios.
El convenio contempla mecanismos de seguimiento y evaluación, así como medidas de confidencialidad, protección de datos, seguridad, no discriminación y prevención de la violencia de género durante el desarrollo de las actividades del alumnado.
Asimismo, establece que el servicio social tendrá una duración de 480 horas, mientras que las prácticas profesionales se sujetarán a los programas académicos correspondientes, sin interferir con las actividades escolares de las y los estudiantes.
