El diputado local, Elpidio Díaz, admitió que ordenó bloquear con camiones de volteo de la CATEM los accesos a un predio del Parque Industrial JINT para exigir el pago de 9.7 millones de pesos. La inmobiliaria Alberana lo denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunta extorsión y abuso de autoridad.
“Mandé a traer mis camiones para bloquear, yo voy a seguir bloqueando hasta que me paguen”, declaró Díaz. También reconoció que citó a representantes de la empresa en su despacho del Congreso mediante papelería oficial del Poder Legislativo: “A lo mejor no es válido [usar el cargo], pero ya lo he hecho”.
La representación legal de Alberana, cuyo propietario se identifica como José María Ignacio Alverde Arena, sostiene que el diputado reclama el pago por trabajos que, según él, transportistas y trabajadores afiliados a la CATEM realizaron en el predio desde 2019.
De acuerdo con la denuncia, los camiones impidieron la salida de unidades de empresas arrendatarias, entre ellas Sigma Alimentos, y su retiro fue condicionado al pago. Alberana argumenta que obtuvo el terreno mediante un litigio ajeno al legislador y que el supuesto adeudo correspondería a la empresa Acabi o a contratos con Guillermo Corona, anterior propietario.
Díaz preside la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso local. La Ley Orgánica del Poder Legislativo de Puebla prohíbe a los diputados invocar o utilizar su condición legislativa en actividades mercantiles, industriales o profesionales.
La CATEM, organización sindical a la que están afiliados los transportistas involucrados, fue fundada por el diputado federal Pedro Haces Barba, vicecoordinador de Morena en San Lázaro.
El bloqueo y la exigencia de pago, reconocidos por el propio Díaz, son los hechos que sustentan la denuncia por presunta extorsión y abuso de autoridad. La Fiscalía debe investigar la actuación del legislador y el uso que hizo de su cargo y de papelería oficial del Congreso. ¿Hasta cuándo seguirá tolerando estos abusos?
