Con el propósito de fortalecer la legalidad, la transparencia y la certeza jurídica en materia de movilidad y seguridad vial, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega, presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla.
La propuesta contempla reformar el penúltimo párrafo al artículo 166 y adicionar un segundo párrafo al artículo 169, con el objetivo de precisar los límites que deben observar las autoridades al determinar multas de tránsito y fortalecer los requisitos oficiales mediante los cuales se hacen constar las infracciones.
La iniciativa plantea que las multas determinadas por las autoridades municipales no excedan los límites máximos establecidos en la legislación aplicable. Asimismo, propone que las boletas de infracción especifiquen el fundamento legal de la sanción, el monto impuesto y los criterios considerados para su determinación.
La diputada y el diputado promovente señalaron que la seguridad vial requiere de autoridades con herramientas eficaces para prevenir conductas de riesgo y garantizar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito; sin embargo, subrayaron que el ejercicio de las facultades sancionadoras debe realizarse con estricto apego a los principios de legalidad, proporcionalidad, fundamentación y motivación.
En este sentido, destacaron que la finalidad de la propuesta no es limitar la autonomía municipal, sino establecer reglas claras que permitan a las autoridades ejercer sus atribuciones dentro del marco legal, al tiempo que se brinda mayor certidumbre a las personas usuarias de las vías públicas.
La iniciativa también busca facilitar el conocimiento de las razones que sustentan una multa y fortalecer las condiciones para que las personas puedan ejercer los medios de defensa que contempla la legislación correspondiente.
Con esta propuesta, la diputada Leonela Martínez y el diputado Elías Lozada refrendan su compromiso con la construcción de un marco jurídico que promueva una movilidad más segura, una actuación administrativa transparente y el respeto a los derechos de la ciudadanía.
