Elena Reina | El País | Reuters
México ha capturado a uno de los criminales más buscados del Gobierno de López Obrador. José Antonio Yépez, El Marro, líder del cartel Santa Rosa de Lima, se ha convertido en el primer gran capo detenido durante el Gobierno de Morena y con él, el Ejecutivo continúa con la estrategia de descabezamiento de los cárteles que habían comenzado Gobiernos anteriores. La caída del criminal, en un operativo conjunto entre las fuerzas federales y estatales de Guanajuato (en el centro del país), ha supuesto un golpe sobre la mesa al discurso gubernamental, que durante dos años había prometido terminar con una guerra entre las instituciones y las bandas criminales, un nuevo giro al conocido eslogan del presidente: “Abrazos y no balazos”.
La captura del criminal más buscado del país en una región tradicionalmente segura, que se ha convertido desde 2018 en una de las más violentas de México con más de 10.000 homicidios, parecía una prioridad de López Obrador que no terminaba de ejecutarse. En marzo de 2019, la operación Golpe de timón ponía el foco de la estrategia de seguridad en un Estado nuevo, lejos de los grandes bastiones del narcotráfico del norte, y también desvelaba el nombre de un nuevo capo del crimen. El Marro hasta ese momento solo era conocido en su pueblo. Desde aquel operativo, y con tres intentos más, ninguna autoridad había conseguido frenarlo
La lucha del Gobierno mexicano contra el robo de combustible, una de las consignas de López Obrador desde que llegó al poder en 2018, tenía el rostro de José Antonio Yépez. Un hombre bajito, con perilla de candado y aires de narco de siempre. Según la información oficial, el cartel que encabezaba El Marro se había alimentado de la corrupción y la impunidad de la zona para conseguir monopolizar el robo de gasolina en una región sembrada de oleoductos y con una de las refinerías más importantes del país, la de Salamanca. Su captura suponía un doble mensaje: el combate efectivo al huachicol (hurto de combustible) y al crimen organizado.
Aunque El Marro había declarado públicamente —en unos vídeos de YouTube que circularon en cada teléfono de los vecinos de Guanajuato— una guerra contra el cartel más poderoso de México, según la DEA, el de Jalisco Nueva Generación, que había amenazado con controlar el crimen en la zona, el Gobierno no lo señaló como enemigo público hasta principios del año siguiente. Los homicidios se triplicaron, la guerra en Guanajuato había comenzado. Pero en enero de 2019, José Antonio Yépez El Marro firmaba la amenaza que puso fin a su historia. Una bomba casera en una camioneta frente a uno de los símbolos del Gobierno, la refinería de Salamanca.
Durante ese año y medio, la presencia militar y policial en Guanajuato configuraba sus calles como un frente de batalla. Cada nuevo operativo que el Gobierno emprendía contra algún eslabón de los de Santa Rosa de Lima, terminaba con vehículos y comercios incendiados y tiroteos. Además, la guerra intestina contra los de Jalisco sembró de cadáveres el corredor industrial del Estado. Los municipios de Celaya, Irapuato y Salamanca, conservan estos días las cicatrices de dos años de la batalla, con orificios de balas de alto calibre y ruinas incendiadas de casas, restaurantes y comercios.
La detención de El Marro, cuentan algunos expertos de seguridad como Alejandro Hope, no necesariamente vaticina que la inseguridad en la entidad vaya a disminuir, al menos en el corto plazo. Pues la estrategia de capturar a los líderes criminales en años anteriores ha supuesto en otras regiones el incremento de la violencia tras la fragmentación de estas bandas, como sucedió en Sinaloa. Estos días en Guanajuato tras la caída del capo, los vecinos esperan lo peor. El Cartel Jalisco continúa con su expansión en todo el país y ahora tendrá un motivo más para intentar controlar esta plaza contra los herederos de Santa Rosa.
La captura del capo lanza, no obstante, un mensaje importante contra la impunidad con la que operan estas bandas. “El Gobierno ya no está secuestrado, no está al servicio de un grupo, no está al servicio de la delincuencia de cuello blanco ni al servicio de la delincuencia organizada”, señaló López Obrador el domingo. Aunque es necesario conocer todavía cómo será el proceso judicial contra Yépez, el primer gran capo detenido durante esta Administración.
En México, después de 14 años de guerra contra el narco, solo se han emitido dos sentencias por crimen organizado. El país, aunque ha apresado a jefes de cárteles, no ha sido un ejemplo de justicia y de combate a la impunidad que sirva de impedimento para las organizaciones criminales. Ha sido a través de Estados Unidos y sus tribunales donde se ha llegado a enjuiciar a criminales de la talla de Joaquín El Chapo Guzmán. Las capturas anunciadas como grandes logros por gobiernos anteriores terminaban en liberación por errores jurídicos o por falta de garantías de sus procesos, como fue el escandaloso caso de Rafael Caro Quintero, liberado en 2013 por un defecto de forma y ahora en paradero desconocido.
El Gobierno de López Obrador tiene la oportunidad, con la detención de El Marro, de demostrar también su combate a la corrupción, otro de sus emblemas, en las instancias de procuración de justicia. Y que otros grandes capos todavía en libertad, como el líder del Cartel Jalisco, Nemesio Oseguera, alias, El Mencho, sepan a qué atenerse.
