A pesar de la firme resistencia de sus oponentes en el gobierno, el líder anticorrupción Bernardo Arévalo asumió como presidente de Guatemala en la madrugada del lunes, lo que representa un punto de inflexión en un país en el que las tensiones se han ido agudizando a causa de la corrupción y la impunidad generalizadas.
Su toma de posesión estaba prevista para el domingo, pero los miembros del Congreso la retrasaron y persistía la preocupación sobre si llegaría a producirse. Sin embargo, tras un clamor internacional y la presión de los manifestantes, Arévalo juró su cargo poco después de medianoche, convirtiéndose en el jefe de Estado más progresista de Guatemala desde el restablecimiento de la democracia en la década de 1980.
Su ascenso al poder —seis meses después de que su victoria en las urnas representó un contundente revés para la clase política conservadora de Guatemala— equivale a un cambio radical en el país más poblado de Centroamérica. Su aplastante elección reflejó un amplio apoyo a sus propuestas para frenar la corrupción y reactivar una democracia tambaleante.
Pero mientras Arévalo se prepara para gobernar, debe afianzar el control al tiempo que se enfrenta a una alianza de fiscales conservadores, miembros del Congreso y otras figuras políticas que han ido desmantelando las instituciones de gobierno de Guatemala en los últimos años.
“Arévalo tiene el trabajo más ingrato de Guatemala hoy porque llega con expectativas de grandes cambios”, dijo Edgar Ortíz Romero, experto en derecho constitucional. “Le están dando un presupuesto para comprarse un Yaris”, dijo, refiriéndose a un modelo poco costoso de Toyota, “y la gente quiere un Ferrari”.
Los oponentes de Arévalo en el Congreso intentaron obstaculizarlo a finales del año pasado, al aprobar un presupuesto que limitaría gravemente su capacidad de gasto en salud y educación, dos de sus principales prioridades.
Pero encontrar recursos para ejercer es solo una de las dificultades a las que se enfrenta Arévalo. Lo que es más urgente, como volvieron a demostrar el domingo sus oponentes en el Congreso, se enfrenta a múltiples desafíos por parte de la arraigada clase dirigente guatemalteca, cuyo objetivo es paralizar rápidamente su capacidad para gobernar.
La lucha por el poder que se libra en Guatemala, un país de 18 millones de habitantes, se sigue de cerca en toda Centroamérica, una región en vilo por la creciente influencia de los cárteles de la droga, el éxodo de personas migrantes y el uso de tácticas autoritarias en países vecinos como El Salvador y Nicaragua.
“Este es un acontecimiento único en la historia del país”, dijo Javier García, ingeniero de 31 años, quien se encontraba entre los miles de personas que acudieron a celebrar la toma de posesión en la capital, Ciudad de Guatemala. “Ahora espero que las personas que perdieron las elecciones entiendan de una vez”.
La transición de poder fue todo menos ordenada. Tras irrumpir en la escena política guatemalteca el año pasado, Arévalo se enfrentó a un complot de asesinato, a la suspensión de su partido y a un aluvión de ataques de índole legal destinados a impedir que asumiera el cargo. Su oponente en la carrera presidencial, una ex primera dama, se negó a reconocer su victoria.
En la capital, se especuló en los últimos días con la posibilidad de que la fiscalía solicitara la detención de la compañera de fórmula de Arévalo, Karin Herrera, lo que tenía el potencial de descarrilar la toma de posesión, ya que tanto el presidente como el vicepresidente electos deben estar presentes para que el traspaso de poderes sea legítimo.
El más alto tribunal de Guatemala emitió la semana pasada una orden que protegía a Herrera de la detención, concediéndole un indulto a ella y a Arévalo. Pero el mismo tribunal sembró la confusión el domingo al permitir que sus oponentes conservadores siguieran en la carrera por conservar el control del Congreso.
Los miembros del Congreso contrarios a Arévalo estuvieron durante horas intentando consolidar su control de la cámara, retrasando el traspaso de poderes mientras gran parte del país permanecía en vilo. Pero en un giro inesperado, el domingo por la noche, el partido de Arévalo logró hacerse con el liderazgo del Congreso, lo que despejó el camino para la toma de posesión.
Los fiscales y jueces contrarios a Arévalo ya habían emprendido una arremetida judicial poco después de las elecciones nacionales. A fin de poner en duda la victoria de Arévalo en las urnas, donde ganó por más de 20 puntos porcentuales, los fiscales obtuvieron órdenes de detención contra cuatro magistrados que trabajaban para la máxima autoridad electoral de Guatemala, alegando corrupción en la adquisición de software electoral. Los cuatro magistrados se encontraban fuera del país cuando se emitieron las órdenes.
El jueves, la fiscalía detuvo a Napoleón Barrientos, exministro de Gobernación, por haberse negado en octubre a utilizar la fuerza para mantener el orden contra manifestantes que exigían la dimisión de la fiscala general.
Este tipo de maniobras se han vuelto habituales en Guatemala desde 2019, cuando figuras políticas conservadoras cerraron una misión anticorrupción pionera que contaba con el respaldo de Naciones Unidas. Decenas de fiscales y jueces que habían intentado luchar contra la corrupción huyeron al exilio.
En una medida de contraataque, Estados Unidos, la Unión Europea y varios líderes latinoamericanos apoyaron a Arévalo, sociólogo y exdiplomático. Ese apoyo se hizo visible el domingo, cuando los retrasos parecían poner en duda el traspaso de poder
“No hay duda de que Bernardo Arévalo es el presidente de Guatemala”, declaró Samantha Power, administradora de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), quien encabezó una delegación estadounidense en la toma de posesión. Y añadió: “El mundo está mirando”.
El gobierno de Joe Biden maniobró durante meses en apoyo de Arévalo después de que sorprendiera a muchos en Guatemala, incluidos miembros de su partido, al llegar a una segunda vuelta electoral que ganó rotundamente.
El apoyo de Washington contrasta con el papel que desempeñó en Guatemala hace décadas. Estados Unidos respaldó al ejército guatemalteco durante una larga y brutal guerra civil; un dictador militar de la década de 1980 fue posteriormente condenado por genocidio por intentar exterminar a los ixiles, un pueblo indígena maya. En 1954, la CIA organizó un golpe de estado que derrocó a un presidente popular elegido democráticamente, Jacobo Arbenz.
Tras aquel golpe, el padre de Arévalo, Juan José Arévalo, expresidente a quien todavía admiran en Guatemala por permitir la libertad de expresión y crear el sistema de seguridad social, pasó años exiliado por América Latina.
Bernardo Arévalo, sociólogo y diplomático de voz suave, nació en Uruguay en aquella época y se crio en Venezuela, México y Chile antes de que la familia pudiera regresar a Guatemala.
Cuando el mes pasado se intensificaron los esfuerzos para impedir que Arévalo asumiera el cargo, Estados Unidos impuso sanciones a Miguel Martínez, uno de los aliados más cercanos del presidente saliente, Alejandro Giammattei, por una trama generalizada de sobornos.
Y en una medida crucial, las autoridades estadounidenses impusieron en diciembre restricciones de visas a casi 300 guatemaltecos, entre ellos más de 100 miembros del Congreso, acusándoles de socavar la democracia y el Estado de derecho al intentar debilitar a Arévalo e impedir su investidura.
La presión del gobierno de Estados Unidos “ha imposibilitado el golpe de Estado; sin eso, no estaríamos aquí”, dijo Manfredo Marroquín, responsable de Acción Ciudadana, un grupo político anticorrupción. “Los gringos son como un seguro, allí están a la hora de la de crisis”.
Sin embargo, el apoyo de EE. UU. a Arévalo ha revelado fisuras en Guatemala. En sus últimas semanas en el cargo, Giammattei, a quien la ley impide presentarse a la reelección, criticó cada vez más las sanciones estadounidenses y el apoyo internacional a Arévalo.
Asestando otro golpe a Arévalo, Giammattei retiró a Guatemala de un grupo de trabajo antidroga creado en 2020 con Estados Unidos. Esta medida podría debilitar la capacidad de Guatemala para combatir a los grupos de narcotraficantes, que han expandido su influencia por todo el país.
Al mismo tiempo, los esfuerzos de Arévalo por forjar alianzas han puesto de manifiesto lo difícil que le resultará gobernar. Este mes anunció el primer gabinete guatemalteco en el que las mujeres ocuparían la mitad de los puestos ministeriales, pero la celebración de ese hito duró poco.
Se nombró miembro del nuevo gabinete a una integrante de una importante asociación empresarial, lo que hizo pensar que Arévalo, que se ha inclinado por políticas centristas, se estaba descollando hacia la derecha. Otra candidata al gabinete se retiró tras difundirse unos antiguos comentarios en los que criticaba a una destacada activista indígena.
La indignación también se debió a que solo un integrante de su gabinete era indígena, a pesar del papel crucial que desempeñaron los grupos indígenas en las protestas contra los intentos de impedir que Arévalo asumiera el cargo. Casi la mitad de la población de Guatemala es indígena.
Existe la expectativa de que este nuevo gobierno “sea diferente”, dijo Sandra Xinico, antropóloga y activista indígena. “Hemos visto una vez más cómo los pueblos originarios no tienen una participación”, dijo al referirse al proceso político.
(Con información de NY Times)
