Antorcha Campesina es una organización cuya existencia ha estado marcada por dos métodos que la han hecho crecer sin límites: chantaje y extorsión. Desde su nacimiento, en los convulsos años setenta, surgieron como una fuerza de choque que invadía terrenos; estaban protegidos y alentados por el binomio PRI-Gobierno.
No tardaron en apropiarse de gasolineras, restaurantes, placas de taxi, rutas de transporte público y controlaron grupos de ambulantes. Se volvieron caciques regionales, como en el emblemático caso de Tecomatlán, desde donde persiguieron y atacaron violentamente a grupos campesinos y de izquierda que se atrevieron a resistir.
Han presionado, extorsionado y chantajeado para obtener candidaturas a puestos de elección popular, traicionando sus raíces maoístas hasta pactar alianzas contradictorias con figuras como Eduardo Rivera Pérez, representante del panismo poblano.
En la capital poblana dominan colonias enteras del sur de la ciudad y movilizan a sus militantes cada vez que exigen más terrenos, más negocios o más candidaturas políticas. Su único lenguaje ha sido el de la presión social, la invasión, la intimidación y la desestabilización; prácticas que constituyen el modus vivendi y operandi de los antorchistas.
Desde hace décadas anhelan constituirse como partido político, operando más como una secta fanática que como una organización campesina. Su mecanismo es la manipulación: a sus seguidores les venden la idea de que sin Antorcha no son nadie, usándolos como carne de cañón en conflictos que ellos mismos crean. Cuestionar a sus líderes es tabú, criticar es considerado traición, y si un militante tiene éxito, el mérito es de la organización; pero si fracasa, es responsabilidad exclusiva suya.
Quizá por eso mismo se entendieron perfectamente con Eduardo Rivera y El Yunque, pues comparten esa filosofía autoritaria de que «el que obedece no se equivoca».
En este contexto no sorprende que ahora busquen aprovecharse del movimiento estudiantil en la BUAP, infiltrándose, confundiendo a los estudiantes y tratando de manipular las demandas legítimas que surgieron desde las aulas. Aunque Juan Celis Aguirre, líder antorchista, insista en que apenas unos 200 jóvenes de su movimiento cursan estudios en la máxima casa de estudios poblana, la amenaza es clara.
¿Qué busca Antorcha en la BUAP? La respuesta es sencilla y alarmante: control, poder y más militantes para continuar su manipulación y finalmente lograr su objetivo político.
¿Por qué infiltrarse en una protesta estudiantil legítima y auténtica? Buscan atraer la atención pública hacia ellos, secuestrar la voz estudiantil y escalar en influencia dentro de la universidad pública más importante del estado. Si su estrategia funcionó en Chapingo, ¿por qué no intentarlo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla?
Debe quedar claro: las demandas estudiantiles son legítimas, y justamente por eso se han instalado mesas de diálogo y se han anunciado acuerdos. Pero precisamente en esos momentos críticos, los antorchistas intentaron aprovechar la confusión y sacar raja política.
La advertencia y la exigencia del gobernador Alejandro Armenta Mier para que Antorcha retire sus manos del conflicto universitario tienen una razón contundente: permitir que se resuelvan las demandas legítimas de los estudiantes y evitar que la BUAP sea secuestrada por quienes solo buscan beneficio propio.
¿Qué sucedería si, efectivamente, se abrieran carpetas de investigación y se confirmara que Antorcha violentó la autonomía universitaria? Quizá sería el principio del fin de una impunidad que lleva décadas operando bajo las sombras.
