Miguel Barbosa Huerta dio el primer gran golpe al revocar las 29 notarías que se entregaron de manera ilegal durante el sexenio de ocho años que gobernó Rafael Moreno Valle.
Fue un gancho al hígado del panismo y es el inicio de una serie de acciones contra quienes abusaron de su poder en esa época a través de espionaje, amenazas, encarcelamientos injustos, tráfico de influencias, elitismo y demás irregularidades que se cometieron en ese régimen que doblegó a políticos (de todos los partidos), periodistas, activistas, universitarios y todos aquellos quienes se atrevían a cuestionar a Rafael Moreno Valle y su séquito.
El ex gobernador Moreno Valle creó en Puebla un feudo y a sus habitantes los convirtió en sus siervos porque contaba con la complicidad tanto económica como política del presidente Enrique Peña Nieto. Y por ello, muchos de los que al principio se opusieron a ese régimen al final terminaron por rendirse.
Plata o persecución fue la máxima del difunto ex gobernador. Algunos aguantaron -la minoría- la mayoría prefirió rendirse porque eran espiados o amenazados.
La orden de cancelar las notarías poblanas por parte de Miguel Barbosa es un acto de justicia ya que sí fueron muchos abusos los cometidos.
Ayer, Ricardo Velázquez fue más allá al dar a conocer no sólo qué notarios perdieron sus patentes y serán investigados sino que puso al descubierto quiénes usaron hasta prestanombres para que operaran como fedatarios públicos.
Desde hace muchos sexenios se sabía que las notarías eran premios de consolación a todos aquellos que dejarían su cargo público cuando culminara un sexenio. Era parte de las componendas del propio poder: “te portaste bien, fuiste leal, pues tenga su notaría joven y hágase millonario”.
Barbosa ya demostró que no estaba jugando al señalar que iría sobre los actos de corrupción que se cometieron en el pasado reciente.
Se necesitaban sacrificios para fortalecer su legitimidad. Y va más allá del tema de la reconciliación, porque se vale reconciliarse con la sociedad poblana, pero no con aquellos que abusaron de los ciudadanos.
Tampoco hay que esperar que los hoy desenmascarados no tomen represalias. Están en su derecho jurídico defenderse, también no dudamos que inicien una guerra sucia contra la actual administración, sería iluso pensar que van a dejarse, porque si algo tenían los morenovallistas era un ego muy robusto y un orgullo exagerado.
Ha iniciado la guerra pero socialmente esta batalla la ganó la administración de Barbosa, porque ningún ciudadano (aunque no comulgue con la cuarta transformación) estaba de acuerdo con que se premie con una patente de notario a sus cuates, nada más porque operaban electoralmente.
Los 29 notarios y lo prestanombres se hicieron millonarios al amparo del gobierno de Puebla, así que tampoco existe una justificación como para decir que se van a dejar a familias sin comer.
Los especialistas en Derecho deberían, por fin, hacer una nueva reforma a la Ley del Notariado e iniciar verdaderos cambios de fondo para que ya no sea por amiguismo y compadrazgos la entrega de estas patentes.
Y de una vez que revisen quién o quienes fueron los responsables de haber provocado todo este enredo de corrupción.
Es el inicio de la guerra jurídica, pero esta primera batalla ya la ganó Barbosa y tiene a un general llamado Ricardo Velázquez (una especie de George Patton) para derrotar a los que abusaron del poder en el sexenio pasado.
Es cuanto.
