Televisión Azteca y su filial TV Azteca Puebla representan el manual de todo lo que el periodismo no debe ser. Lo que muchos, en corto, llaman cobro de piso mediático.
Desde su origen —en lo nacional y en lo local—, la empresa ha sido identificada por amplios sectores de la opinión pública como un actor que concibe la información no como un derecho ciudadano, sino como una mercancía negociable al mejor postor. Oficialismo, propaganda, matraca mediática y acuerdos en lo oscurito han sido, históricamente, su verdadera línea editorial.
Lo que ahí se producía parecía una forma de pornografía política apta para toda la familia —aunque el concepto resulte grotesco—: el poder en turno decidía quién salía a cuadro, quién opinaba, quién callaba y quién era sacrificado. Conductores, comentaristas y reporteros operaban como piezas intercambiables. Se les forzaba a posturas incómodas y, en lugar de gemidos, se transmitían “notas informativas” diseñadas para provocar la satisfacción del cliente en turno: el gobierno. El color era irrelevante. Durante años, incluso Morena consumió esos servicios con gusto.
Pero el idilio terminó.
Ricardo Salinas Pliego, otrora aliado del obradorismo, rompió con la 4T cuando el Estado decidió cobrarle miles de millones de pesos en impuestos. El problema nunca fue ideológico: fue fiscal. Y entonces vino el berrinche. La televisora recurrió a una práctica conocida en la historia política del país: presionar a los gobiernos estatales para obtener recursos públicos. Al cooperas o cuello.
“Si no me das, mañana te madreo en pantalla”, dirían algunos que conocen bien esa lógica.
En Puebla, el descaro alcanzó niveles inéditos. De acuerdo con lo expuesto públicamente por funcionarios estatales, directivos de la televisora plantearon la posibilidad de acceder a contratos por 2 mil 350 millones de pesos a cambio de una cobertura “amable” y respaldo a la imagen del gobernador Alejandro Armenta Mier. La administración estatal rechazó esa propuesta.
A partir de ese momento, el cambio editorial fue evidente. Conductores desatados, notas tendenciosas, ataques diarios. A veces torpes, a veces francamente ridículos, pero constantes. Un día sí y toda la semana también, TV Azteca Puebla montó lo que diversos observadores políticos interpretaron como una campaña para doblar al poder público.
La consigna parecía clara: te pego para que me pagues; y si no me pagas, te pego.
Lo verdaderamente grave no es la crítica —siempre necesaria—, sino la percepción de que detrás de esa supuesta indignación no hay vocación informativa, ni ética, ni interés público. Hay hambre. Hambre de dinero, de contratos, de prebendas, de concesiones; de lo que sea necesario para que el Tío Richie pueda seguir burlándose del poder, llamando “gobiernícolas” a los de la 4T, atacando a Claudia Sheinbaum y viajando por el mundo como si el erario fueran millas acumuladas.
La pregunta es inevitable: ¿dónde queda la legitimidad de una información que nace de una factura no pagada?
El mecanismo resulta burdo. “Si no me pagas, te ataco; si me das 2 mil 350 millones, te defiendo, te lavo la cara y hasta te promuevo”. Bajo ese esquema, la información deja de ser información y se convierte en mercancía con micrófono.
El jefe de gabinete, José Luis García Parra, hizo pública la intención de la televisora. Más allá de coincidir o no con su postura, lo cierto es que el historial de Televisión Azteca —a nivel nacional y local— ha sido ampliamente documentado y debatido, lo que vuelve razonable el cuestionamiento.
De ahí surgen preguntas incómodas, pero necesarias:
¿cuánto dinero público recibieron durante años de gobiernos estatales, municipales y universidades para comportarse como se comportaron?
¿de a cómo fue la docilidad en el pasado?
Porque esta es la primera vez que alguien les dice que no. Y cuando les dijeron que sí, cuando fueron mansos, obedientes y silenciosos, ¿cuántos millones se fueron por el drenaje de la televisión “informativa”?
Hoy se pusieron los guantes porque se les cerró la llave. Y, como diría un poeta amigo, al final todo es un vulgar asunto de pesos y centavos. Así que la próxima vez que escuche un berrido, una denuncia o un escándalo en ese canal, no lo lea como indignación cívica: léalo como un estado de cuenta en rojo.
