La crisis que ocurre en el Congreso del Estado de Puebla es, en esencia, una ecuación simple: 90 % lealtad y 10 % eficiencia.
El problema es que, en el caso del director jurídico, Jesús Juárez Lezama, y del secretario general, Julio Leopoldo de Lara, esa lealtad no está alineada con quien hoy preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez, sino con la anterior titular, Laura Artemisa García Chávez.
Ya lo dice el clásico de clásicos: nadie sabe para quién trabaja.
El origen del entramado se remonta a San Martín Texmelucan. El padre de Jesús Juárez fue operador político de Alejandro Armenta Mier en 2023, cuando se jugó la verdadera contienda. En esa partida, el padre del hoy cuestionado director jurídico apostó por Armenta.
Según fuentes consultadas, Juárez Lezama no es un perfil particularmente brillante; es un abogado de medio pelo que ha escalado con paciencia dentro de la burocracia. Empezó como analista y, paso a paso, ha sabido mantenerse en el aparato público. Laura Artemisa García lo impulsó, lo protegió y confió en él. A tal grado que, antes de dejar el control, sembró perfiles cercanos en posiciones clave bajo la lógica de conservar influencia. Todo bajo el entendido de que su proyecto político apunta a la alcaldía de Puebla en 2027.
Pero hay una regla no escrita que siempre se cumple: el poder no se comparte.
En este tablero aparece otro personaje: Edgar Salomón Escorza, excoordinador de diputados en tiempos de Rafael Moreno Valle. También es de San Martín Texmelucan y conoce bien tanto al director jurídico como a su padre. Todos ellos provienen del PRI, de esa generación que aprendió la palabra “revolución” hasta en la sopa de letras y que hoy repite “transformación” como un mantra.
El caso de Julio Leopoldo de Lara es distinto. Su lealtad no es reciente ni circunstancial: responde desde hace años al gobernador Alejandro Armenta Mier. Puede atender llamados de García Chávez, sí, pero su convicción política está con el actual mandatario. “Polo”, como lo conocen, no esconde esa cercanía. Su alianza con la extitular del Congreso es, en el fondo, pragmática.
Así, en términos reales, es más probable ver caer al director jurídico que al secretario general. Sin embargo, hay un matiz clave: la solicitud para removerlos vino del PAN. En política, concederle a la oposición una “cabeza” en bandeja de plata sienta un precedente peligroso. Si ceden una vez, tendrán que hacerlo siempre. Por eso no lo harán; no ahora. La jugada panista forzó a Gaspar Ramírez a cerrar filas, aunque internamente no soporten los perfiles heredados.
Un fracaso llamado Tehuacán
Tehuacán hoy camina con dos ausencias que pesan como losas: agua y gobierno. La primera se padece en los hogares; la segunda, en la calle.
Mientras la gente estira cada gota, el alcalde Alejandro Barroso parece más ocupado en administrar el conflicto que en resolverlo. Hay protestas por tarifas, irritación social y respuestas que huelen más a contención que a liderazgo. Ante ese vacío, el Gobierno del Estado decidió intervenir. No como acompañante, sino como quien toma el volante cuando el conductor se queda dormido.
La Ceaspue asumió el control del problema hídrico y colocó una pieza que no pasa desapercibida: Olga Romero Garci-Crespo. Tehuacanera, dirigente estatal de Morena y ahora sentada en la mesa donde sí se toman decisiones. En política, estas cosas no son cortesía: son señales.
La señal es clara: cuando un gobierno municipal se diluye, alguien más ocupa su lugar. Tehuacán no está siendo rescatado por su alcalde, sino a pesar de él. Barroso reacciona tarde, mal y sin dirección. En política —como en la vida— hay pecados que no se perdonan: la ausencia y la irrelevancia. Hoy carga con ambos.
Entre tuberías secas y decisiones que ya no pasan por el Palacio Municipal, empieza a escribirse otra historia. Una donde el poder se reacomoda y las sillas cambian de dueño sin hacer ruido. Porque cuando el agua no llega y el gobierno tampoco, alguien más termina gobernando. En Tehuacán, ese relevo ya empezó.
