En el décimo y último programa de la temporada de Derecho de Réplica, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, presentó el tema “Combate a la Corrupción en Puebla”, con una revisión de seis casos relacionados con el Museo Internacional del Barroco (MIB), las plataformas de San José Chiapa para la instalación de Audi, el Centro Integral de Servicios (CIS), la concesión del agua, las carreteras concesionadas y el Sistema de Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
García Parra señaló que la administración estatal ha sido objeto de acusaciones sobre opacidad, corrupción y presuntos sobrecostos en obras para generar una percepción negativa al gobierno. Respecto al MIB, explicó que el esquema financiero representaba una carga superior a 14 mil millones de pesos para las finanzas estatales, mientras que el costo real de la construcción fue de mil 700 millones. Añadió que la terminación anticipada del contrato requirió un pago de 2 mil millones de pesos, con lo que se evitó que el Gobierno del Estado cubriera más de 10 mil 200 millones de pesos hasta 2039.
El coordinador de Gabinete destacó que esta decisión representa un ahorro de 3 mil 257 millones de pesos para la actual administración, de 4 mil 394 millones para la siguiente y de 2 mil 616 millones para la subsecuente. “Se les acabó el negocio, ya tenían muchas generaciones garantizadas en sus familias”, señaló, al referirse a las críticas de la oposición, y agregó que los recursos podrán destinarse a educación, salud, infraestructura y otros rubros prioritarios.
“Los gobiernos encabezados por el PAN encabezaron una ingeniería de saqueo presupuestal en Puebla. Nosotros gobernamos para la próxima generación y es parte del legado del gobernador Alejandro Armenta Mier, que las y los poblanos vivan mejor, que las siguientes generaciones tengan mayores oportunidades”, enfatizó el coordinador José Luis García Parra.
Asimismo, cuestionó los resultados sociales asociados al MIB y recordó que, cuando fue planteado, se estimaba una afluencia superior a 400 mil visitantes; sin embargo, su mejor registro fue de poco más de 200 mil en 2018. García Parra sostuvo que actualmente registra una disminución superior al 76 por ciento respecto de aquel máximo y afirmó que el inmueble ya forma parte del patrimonio público estatal.
También recordó que administraciones anteriores utilizaron el lema “sin pedir un peso prestado”, aunque recurrieron a mecanismos de ingeniería financiera mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas que, de acuerdo con su exposición, comprometieron recursos públicos a largo plazo.
Durante la emisión, García Parra sostuvo que la revisión de estas obras busca aportar información sobre contratos, obligaciones financieras y decisiones adoptadas por las autoridades. El ejercicio, señaló, forma parte de una política de rendición de cuentas frente a los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Finalmente, adelantó que Derecho de Réplica tendrá una segunda temporada, en la que se presentarán más datos, información verificable y resultados, con el propósito de mantener este espacio de exposición y transparencia pública sobre asuntos de interés para las y los poblanos.
