El último periodo de sesiones del Congreso del Estado sirvió para poner a cada integrante del llamado círculo rojo en su lugar. Y no se trata de señalar a nadie con el dedito juzgador —eso es muy policiaco, y para eso están los policías políticos—, pero el tema de la ley de ciberseguridad, que propuso originalmente José Luis García Parra y que posteriormente impulsó Laura Artemisa García Chávez, provocó que políticos, opinólogos, tuiteros, influencers y comentócratas se subieran al debate público y asumieran una postura.
Hubo quien apoyó la iniciativa y hubo quien la criticó públicamente. Quien la defendió lo hizo porque le pareció acertada la creación de una normativa que prevenga y sancione estafas, grooming, acoso por internet. Y también hubo quien, de plano, se tiró al piso invocando la tan llevada y traída libertad de expresión.
De estos últimos —ya lo hemos dicho—, algunos lo hicieron porque verdaderamente creyeron que se atentaba contra los derechos humanos; otros se sumaron a la inercia sin ton ni son, porque siempre luce bien posar como revolucionario. Y no faltó quien, detrás de la crítica, escondía un interés eminentemente económico. Como diría un conocido poeta: “un vulgar tema de pesos y centavos”.
El problema es que estos últimos suelen arrastrar a los demás. Historia conocida: los generales de los bandos en guerra se ponen de acuerdo, y los soldados se quedan con las manos —y el cuerpo— ensangrentados. Pero esa es otra historia.
Quien pasó la prueba de fuego fue la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García. No fue nada fácil navegar contra corriente en torno a la reforma del artículo 480 del Código Penal. Soportó críticas, burlas, señalamientos. Y al final, logró posicionarse.
Sus adversarios, como los mariachis de José Alfredo Jiménez, se quedaron callados. Algunos seguirán con sus pancartas y ruedas de prensa, pero no pasó absolutamente nada: las reformas se hicieron, se lograron por mayoría. Y, de ser necesario, se harán las adecuaciones pertinentes. Las leyes siempre son perfectibles.
Muchos de esos “críticos”, al ver que no lograron dañar la imagen del Congreso, del gobernador ni de la administración estatal, se colgaron de las locuacidades y mentiras de Simón Levy. Pero se toparon con pared cuando el propio Levy admitió que nunca fue extorsionado por funcionarios de Puebla.
Fue el Congreso del Estado el que nos quitó la máscara a todos. Nos subió al debate público, pero jamás censuró a nadie. Todos expresaron sus puntos de vista en columnas, tuits, comentarios en redes, programas de análisis. Hasta los panistas quedaron exhibidos.
Fue un debate público sobre una ley que, ciertamente, generó polémica, sombrerazos… y puso a todos en su lugar: un grupo de panistas con doble discurso; periodistas que se quejan de la libertad de expresión cuando les conviene; personas que actuaron de buena fe; y algunos que intentaron presionar. Además, claro, de quienes apoyaron la iniciativa desde el principio.
Fue un buen periodo de sesiones. Se logró el debate público. Tal vez haya a quien no le gusten los resultados, pero hacía mucho tiempo que una ley no generaba tanta opinión. Los foros para reformar el Código Penal se realizaron. Muchos periodistas participaron y cuestionaron. Las ideas se transmitieron, no se les cortó el micrófono, se soportó la crítica.
Al final, el Congreso no solo legisló: nos reflejó. Nos obligó a tomar postura, a ensuciarnos las manos en el debate, a mostrar el cobre o la convicción. Y eso, aunque incomode, es mucho más democrático que el silencio cómodo del espectador.
