Francesco Manneto | Reuters | El País
La respuesta de Evo Morales a las acusaciones de fraude que desde el domingo planean sobre las elecciones generales en Bolivia fue un contraataque. El presidente, que gobierna desde 2006, denunció este miércoles un intento de “golpe de Estado” de la oposición y llamó a sus seguidores a “defender la democracia”. El mandatario se dijo convencido de que el lento escrutinio confirmará su victoria en primera vuelta, sin necesidad de medirse con Carlos Mesa en un desempate. Este replicó culpándole de romper “sistemáticamente” el orden constitucional.
El primer presidente indígena de Bolivia, uno de los representantes del antiguo eje bolivariano en la región, optó por atrincherarse frente a la presión de sus rivales políticos y de los organismos internacionales que criticaron el proceso electoral. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocó a la prensa a las siete de la mañana en el palacio presidencial para realizar una declaración institucional sin preguntas. “He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y el mundo entero que está en proceso un golpe de Estado. Ya lo sabíamos de anticipadamente, se preparó la derecha con apoyo internacional”, dijo. “Quiero que sepa el pueblo boliviano que hasta ahora, humildemente, aguantamos, soportamos para evitar la violencia. No hemos entrado en confrontación y nunca vamos a entrar en confrontación. Pero quiero decir al pueblo boliviano: primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional”.
Así se expresó Morales en referencia a mantenerse alerta ante las acusaciones y en medio de un clima de elevada tensión. Horas más tarde, sus seguidores se concentraron en una asamblea en La Paz en busca de una exhibición de unidad, mientras la oposición, que había convocado para hoy un paro nacional que tuvo un seguimiento desigual, tenía previsto hacerlo por la tarde.
Las sospechas generadas por la interrupción del conteo electrónico de los votos, que anticipaba una segunda vuelta, han desatado una oleada de protestas que no tiene visos de contenerse. En los últimos días las principales ciudades del país fueron escenario de multitudinarias movilizaciones contra el Gobierno, pero también de desmanes, episodios de violencia y represión. Un grupo de desconocidos incendió la sede del registro y del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz.
Casi 70 horas después del cierre de las urnas, el recuento situaba a Morales al borde de la victoria en primera vuelta. Si se confirma ese veredicto, no se celebrará una segunda ronda, ya fijada para el 15 de diciembre. “Con los votos de las áreas rurales estoy convencido de que vamos a ganar en primera vuelta”, dijo el mandatario antes de subir el tono: “No estamos en tiempos de colonia ni de monarquía para designar presidentes”. El político esgrimió el relato del enemigo interno y externo y llamó a “organizarse, prepararse”. “Vamos a defender la democracia”, enfatizó.
Mesa ya ha anunciado que no reconocerá los resultados porque los considera un “fraude escandaloso”. Tras el mensaje del presidente, afirmó que “si hay alguien que ha roto y rompe sistemáticamente el orden constitucional de Bolivia se llama Evo Morales”. “Controla y ordena todos los poderes del Estado”, agregó en un vídeo difundido en las redes sociales. Al mismo tiempo, varias instancias internacionales, encabezadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Administración de Donald Trump, criticaron el proceso electoral y sembraron dudas sobre su transparencia.
Reelección indefinida
La crisis de legitimidad de Morales empezó, según sus adversarios, el 21 de febrero de 2016, cuando, tras una década en el poder, perdió un referéndum sobre reelección indefinida. Pudo concurrir a estos comicios, en los que revalida un cuarto mandato consecutivo, porque el Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se lo permitieron.
Con estas premisas y la pugna en las urnas se ha multiplicado la tensión. El Gobierno se decidió a solicitar una auditoría de las elecciones y se dirigió a la OEA. El organismo aceptó verificar el recuento de los votos, pero exigió que sus conclusiones sean vinculantes. Las autoridades aún no han aclarado si asumen esas reglas del juego.
La organización multilateral realizará un análisis “que comprenda, entre otros aspectos, la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia”. La estrategia de Morales busca quitarse de encima la presión internacional, de la que siempre se ha librado, a diferencia de sus aliados en la región como Nicolás Maduro. También es una forma de disipar las dudas y, a la vez, ganar tiempo después de unos días caóticos en los que la actuación del TSE había hecho saltar todas las alarmas. El martes presentó su dimisión el vicepresidente de ese órgano, Antonio José Iván Costas, precisamente por la “desatinada decisión […]de suspender la publicación de los resultados”.
Destaca precisamente ese episodio en el informe preliminar de la misión internacional de observación. “Los resultados de una elección deben de ser creíbles y aceptables para toda la población”, señala el balance del proceso. “En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10% [lo que evitaría un desempate], estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”, concluye el informe.
