La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla anunció el inicio de investigaciones internas relacionadas con la salida de tres servidores públicos: Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez, quienes se encontraban adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, respectivamente.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido este jueves 13 de noviembre, las indagatorias están a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos, en cumplimiento del deber de transparencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción.
La Fiscal General del Estado reiteró su compromiso con la legalidad, la ética y la integridad institucional, enfatizando que este organismo autónomo no tolerará actos de corrupción ni conductas contrarias al servicio público dentro de ninguna de sus áreas.
En el marco de una reestructuración y fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado, también se realizaron ajustes en cargos de alto nivel en diversas áreas sustantivas. Entre ellas, la Fiscalía de Investigación Metropolitana, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Secuestro y Extorsión, y la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Alta Incidencia.
La dependencia aclaró que los movimientos obedecen a renuncias voluntarias de los titulares, derivadas de motivos personales y profesionales, y que no están relacionadas con actos de corrupción. Todos los cambios se efectuaron conforme a los procedimientos administrativos internos establecidos.
Asimismo, se designaron nuevos titulares en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Fiscalía Regional y la Coordinación General de Investigación, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y garantizar una atención oportuna a la ciudadanía.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Puebla reafirmó su compromiso con la transparencia, la eficiencia institucional y el acceso a la justicia.
