Natalia Junquera | El País | AFP
Cuarenta y cuatro años después del entierro con la pompa de una dictadura, la democracia ha exhumado este jueves con sobriedad los restos de Franco para que el Valle de los Caídos deje de ser lo que el dictador quiso que fuera: un monumento a sí mismo que inmortaliza su victoria en la Guerra Civil. Fue con ese propósito, el de “desafiar al tiempo y al olvido”, con el que Franco hizo levantar una enorme cruz de 150 metros y un mausoleo que acoge más de 33.800 cuerpos, muchos de ellos, extraídos de fosas comunes, sin el conocimiento de sus familias, para yacer hasta hoy junto al verdugo. El Gobierno buscaba sobriedad, pero durante la exhumación ha habido varios incidentes con la familia, que se ha presentado en el Valle de los Caídos con una bandera preconstitucional y ha gritado «¡Viva Franco!» cuando ha introducido el ataúd en el coche fúnebre.
La exhumación ha empezado pasadas las 10.30 de una mañana gélida (seis grados) en Cuelgamuros, el lugar que Franco escogió en 1940 para levantar su mausoleo. 22 familiares del dictador (nietos, cónyuges y bisnietos) han acudido a la basílica, aunque solo dos, sus nietos José Cristóbal y Merry Martínez-Bordiu, han podido presenciar la extracción del féretro, dentro de una carpa en la que también se encontraban la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como notaria mayor del Reino; el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños; el subsecretario de vicepresidencia, Antonio Hidalgo; los operarios de la funeraria y un forense.
Momentos de tensión
Dentro del monumento se han vivido momentos de tensión. Todos los familiares, así como las autoridades y los empleados de la funeraria han tenido que pasar un escáner para comprobar que no llevaban dispositivos de grabación, y uno de los nietos de Franco, Francis, ha sido obligado a dejar la bandera en la entrada para poder acceder a la basílica. Antes de llegar al Valle de los Caídos había dicho: “Hoy es un día muy triste. Quieren hacer ver que mi abuelo está solo, pero no lo está”. El Ejecutivo sí permitía que los familiares colocaran “la bandera que quieran” en la reinhumación en Mingorrubio, un acto privado. Pero allí también hubo tensión. No estaba previsto que hubiera cámaras dentro, y la policía bloqueó la salida cuando entendió que uno de los nietos estaba grabando la ceremonia. Finalmente, tras unos minutos de nervios, se permitió salir a los familiares con el móvil en el que lo habían grabado. A un centenar de metros, un pequeño grupo de franquistas rezaba y daba vivas al dictador mientras un cura con sotana criticaba a la cúpula de la Iglesia por no impedir la exhumación.
Otro momento de tensión se ha vivido cuando la familia ha rechazado reemplazar el féretro de madera por uno nuevo, pese a algunos desperfectos en la madera. Finalmente, las autoridades han accedido y ocho familiares del dictador, entre ellos, cuatro nietos, han llevado a hombros el ataúd original del entierro, de 1975, hasta la salida de la basílica. En ese recorrido, de unos 300 metros, han pasado por delante de la tumba de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, y del pasillo de criptas en las que yacen más de 33.800 víctimas de la Guerra Civil, enterradas sin nombre y apellidos y en muchos casos amontonadas después de que filtraciones de agua deshicieran las cajas de los columbarios.
La familia Franco se ha resistido hasta el final con una cadena de recursos ante los tribunales: desde el Supremo a Estrasburgo pasando por el Constitucional. Este jueves han difundido un comunicado que describe lo sucedido como una «profanación». «Lo que el Gobierno presenta como una victoria de la democracia no es más que un impúdico circo mediático que solo busca propaganda y rédito electoral», añaden. La decisión de trasladar los restos del dictador ha sido avalada por los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El Gobierno de Pedro Sánchez llegó a sugerir que sería en julio del año pasado, recién llegado a La Moncloa. Fue el pulso de los Franco en los tribunales lo que demoró la fecha de exhumación. “Es la primera victoria de los vencidos”, opinaba la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, a EL PAÍS una vez que el Gobierno se liberó de todos esos obstáculos para arrebatar el monumento a Franco.
El traslado se ha llevado a cabo en helicóptero, el «plan A» del Gobierno si lo permitía la niebla y el viento por ser más corto (unos 15 minutos) y más seguro. En el súper puma del Ala 45 del Ejército del Aire, acompañando a los restos de Franco, estaba la ministra de Justicia, el abogado de la familia del dictador, Luis Felipe Utrera-Molina (hijo del exministro franquista José Utrera Molina) y Francis Franco.
