Empresarios y distribuidores de gas LP en México confirmaron un paro nacional durante la primera semana de junio, en protesta por la falta de ajustes tarifarios en el precio del combustible, congelado desde 2021. Este cese de actividades impactará directamente al 76% de los hogares que dependen de este servicio.
Los gaseros argumentan que el control de precios establecido por el gobierno federal pone en riesgo la sostenibilidad de la industria, lo que ha reducido la cobertura, incrementado el mercado ilegal y generado pérdida de empleos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó estas preocupaciones, señalando que los precios establecidos no reflejan los costos reales de distribución, lo que podría derivar en desabasto y menor inversión en el sector.
La «Tarifa de Distribución», que representa hasta el 50% del precio final del gas LP, es uno de los principales puntos de conflicto. Coparmex insistió en que cualquier ajuste debe basarse en criterios técnicos y económicos para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los consumidores.
Los empresarios han solicitado la intervención del Senado para mediar con la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, y alcanzar acuerdos que permitan evitar el paro. Advirtieron que esta medida es necesaria ante la falta de respuesta del gobierno, pero buscan soluciones que beneficien tanto a los usuarios como a la industria.
