En el 2013, Rafael Moreno Valle había llegado a la cúspide de su poder: con Antonio Gali Fayad contendiendo por la capital, le dio la vuelta a las encuestas y derrotó a la buena a Enrique Agüera Ibáñez, exrector de la BUAP. No sólo eso, casi se llevó el carro completo en la entidad entre diputaciones y municipios. Fue entonces que en el 2014 todo el morenovallismo se subió al ladrillo del poder.
Fue también en aquel año cuando llegó a la Secretaría General de Gobierno Luis Maldonado Venegas, en sustitución de Fernando Manzanilla Prieto. Las reglas cambiaron: a los panistas que estaban en el Yunque no se les daría más concesiones. Se endurecería más la comunicación con los grupos disidentes al gobierno estatal.
Se creó una mordaza a los medios de comunicación locales, bautizada por el periodista Alejandro Mondragón como el «tripack». Consistía en que si la administración estatal permitía estar en la lista de convenios publicitarios, entonces la BUAP y el municipio de Puebla podrían contratarlos, pero en caso de que no, estas dos entidades cancelarían la publicidad, se les haría una ley del hielo.
En mayo del 2014 se aprobó la Iniciativa de Ley para proteger los Derechos Humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, que a la postre fue conocida como la “Ley Bala”. Dicho ordenamiento consistía en que los policías podrían reprimir manifestaciones o protestas que llegaran a afectar a «terceras personas».
El 9 de julio del 2014, en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Atlixco, un grupo de manifestantes, encabezado por la entonces diputada Roxana Luna Porquillo, tomó la autopista Puebla-Atlixco, inconformándose porque los diputados locales habían quitado los registros civiles de las juntas auxiliares.
Ese día, a tres meses de haberse estrenado la normativa, policías estatales aplicaron la Ley Bala y, como resultado, el niño José Luis Tehuatlie Tamayo resultó herido por una bala de goma que dispararon los uniformados contra la manifestación. Diez días después, en el hospital, el niño Tehuatlie fallecía. La madre del menor aseguraba que fue víctima, pues ni ella ni su hijo participaron en la reyerta.
La versión oficial acusaba a la mamá de haber llevado al menor a manifestarse, se crearon hasta cuentas falsas en Twitter con la finalidad de descalificar la versión de los manifestantes; también se hizo el marranicidio: desde las oficinas de Puebla Comunicaciones se usaron cabezas de marrano para tratar de justificar los hechos.
Aunque fue la peor crisis de credibilidad que enfrentó Rafael Moreno Valle, pudo sepultarla rápidamente, porque un mes más tarde, en Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El tripack se desbarató, pues muchos medios de comunicación no participaron en la defensa del morenovallismo ante la muerte del niño, unos porque no quisieron y otros porque hicieron caso omiso a las peticiones y pataleos del poder.
La muerte de José Luis Tehuatlie dejó muchas consecuencias: dividió a los grupos de izquierda que apoyaban el movimiento, se desgastaron entre los Luna Porquillo y los abogados de la madre de José Luis y en el 2015 perdió el PAN nueve de los 16 distritos electorales. De la ciudad, sólo ganaron uno de los cuatro distritos federales.
Ayer, en medio de una polémica sesión por muchas pifias y novatadas legislativas que fueron evidenciadas por la diputada priísta Rocío García Olmedo, por fin, la Ley Bala fue asesinada de un plumazo.
Desde julio del 2014 habían prometido derogarla y, aunque nunca la volvieron a usar, estaba ahí, durmiendo, escondida en un ropero, en un clóset o debajo de una cama, esperando a ser abierta, pues si bien nadie se atrevía a convocarla, podría ser usada en cualquier momento.
Y así, se llevará con su muerte uno de los capítulos más sangrientos del sexenio pasado. ¡Larga muerte a la llamada Ley Bala!
