La diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con la finalidad de tipificar el delito de etnocidio y proteger el derecho de los propios pueblos y comunidades a decidir libremente sobre su identidad, instituciones, lenguas, conocimientos y formas de organización.
La propuesta de la diputada establece un tipo penal autónomo, delimitado y acorde con los principios de legalidad, taxatividad, interculturalidad y respeto a los derechos humanos, que permita fortalecer la protección jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas frente a conductas dirigidas específicamente a destruir o suprimir su identidad y continuidad cultural.
Para garantizar los principios de legalidad y taxatividad penal, la iniciativa de la diputada Esther Martínez no propone sancionar de manera genérica cualquier conducta que pueda considerarse contraria a la cultura de un pueblo. Por el contrario, establece medios específicos de ejecución y exige una finalidad concreta de destrucción o supresión cultural.
La iniciativa pretende sancionar la obligación coercitiva de abandonar o rechazar elementos esenciales de identidad cultural; la imposición de medidas de asimilación forzada; y el impedimento sistemático de la transmisión intergeneracional cuando genere un peligro grave para la continuidad cultural.
Así como el desplazamiento forzado que se realice con la finalidad de romper los vínculos sociales, culturales o comunitarios necesarios para la continuidad del pueblo o comunidad, entre otros.
En la exposición de motivos de la iniciativa, la diputada Esther Martínez reconoce expresamente que «lo que se pretende sancionar no es el cambio cultural voluntario, sino su imposición mediante violencia, coacción o abuso de autoridad».
