El plan de Mario Marín para mayo era trabajar en la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de Puebla. La agenda del exgobernador cambió súbitamente después de que el 12 de abril una jueza ordenó su arresto y él optó por la fuga. Marín está acusado de colaborar, en diciembre de 2005, con el empresario Kamel Nacif en la tortura de la periodista Lydia Cacho, que había publicado Los demonios del Edén, una investigación sobre una red de trata y explotación infantil en el Estado de Quintana Roo. El rostro del exgobernador está ahora en todas las oficinas de migración y comisarías del mundo: le busca la Interpol para llevarlo ante la justicia mexicana.
Cacho ha denunciado por más de una década que en diciembre de 2005 fue detenida ilegalmente en Quintana Roo por diez personas que aseguraron ser policías del Estado de Puebla. Tras el arresto, siguieron 20 horas de viaje por tierra desde el sureste mexicano hasta el centro del país. Durante el trayecto, los agentes la torturaron psicológicamente, la acosaron sexualmente y la amenazaron de muerte. Cacho estuvo en prisión una semana acusada de difamar a diversos empresarios con la publicación de su investigación. Un par de meses más tarde y tras la filtración de algunas llamadas telefónicas se supo que todo esto ocurrió con el consentimiento del entonces gobernador Mario Marín.
Todo México escuchó la mañana del 14 de febrero de 2006 la conversación telefónica entre Marín y Nacif:
—Qué pasó mi góber precioso, mi héroe chingao
—No, tú eres el héroe de esta película papá. Ya ayer acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley.
A pesar del escándalo, Marín solo se llevó consigo a casa el apodo de “góber precioso”. Durante 13 años nunca fue cuestionado sobre su injerencia en el caso de Cacho. Hasta ahora. El año pasado la Organización de la Naciones Unidas (ONU) reconoció que los derechos de la periodista fueron violentados y exigió al Gobierno mexicano reparar el daño a Cacho y procesar a los responsables. El 10 de enero, el Estado ofreció una disculpa pública a la periodista y garantizó que llevaría ante la justicia a Marín y a Nacif. “Le demostramos al nuevo gobierno que ya las autoridades tenían el 90% del material probatorio, lo que estorbaba eran la corrupción, el tráfico de influencias y la ineficacia institucional”, cuenta Cacho a EL PAÍS.
Además del exgobernador y el empresario, la búsqueda también incluye al exjefe de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam, quien contribuyó operativamente en la detención ilegal de la periodista. En Puebla, el político del PRI gozó durante varios años de la protección de diversos actores políticos aunque su partido también sufrió allí la misma debacle que en el resto del país ante el ascenso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), liderado por Andrés Manuel López Obrador. En el municipio de Coyotepec, de donde es originario Marín, no se le ha visto en el último mes y tampoco se ha comunicado con sus colaboradores, según informa la prensa local. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias legales buscando su sentencia, cuando los encuentren ahí vamos a estar”, dice Cacho.
La periodista ha vivido los últimos 12 años bajo estrictas medidas de seguridad, incluso dejando México en algunas temporadas, tras recibir diversas amenazas de muerte.“Quiero vivir para sentenciarlos; es la única forma de sentar precedentes sobre las redes de trata de niñas y niños que terminan en tortura de testigos y asesinatos de periodistas y defensoras de derechos humanos”, señala Cacho. Hay automóviles blindados, telefonía encriptada, siete escoltas y todo un dispositivo de seguridad alrededor de ella que ha sido reforzado tras la fuga del exgobernador. “Soy la testigo principal de estos juicios y estaré allí para ratificar todo lo necesario. Esta no es mi hambre de justicia, es la de un país entero hastiado de que le regalen guerra y miedo para comer cada día”, defiende.
