La semana pasada les comentaba sobre la paradoja de que mientras hoy en día cualquier persona tiene mucho más posibilidades de escuchar, conocer y por lo tanto dedicarse a hacer música, cada vez es más difícil hacerlo de manera profesional, ya que además de la enorme competencia existente al poder el público tener acceso a lo que se produce en todo el mundo y no sólo en el mercado local, las regalías que se pagan a los artistas por la reproducción de sus canciones en los sistemas de streaming son mínimas, lo que hace prohibitivo que algún músico o banda que se quiera gestionar de manera independiente pueda realmente vivir de ella.
Como pasa en otros órdenes de la vida, el desarrollo del internet rebasa a la legislación para regularlo. En el caso de la música, las leyes que amparan derechos y regalías datan de 1972 con una ligera actualización en 1994. Evidentemente en aquellas épocas jamás se imaginaron lo que algún día llegaría a ser el streaming, por lo que actualmente se discute en las cámaras de EEUU el Music Modernization Act (MMA), que como su nombre lo indica tiene por objetivo actualizar las leyes en dos aspectos fundamentales: reconocimiento de los derechos de autor de una obra musical y su licencia para difundirla incluyendo a productores e ingenieros que participen en el proceso y, a través de la integración del Songwriter Equity Act, buscar una retribución más justa para ellos.
El MMA propone un sistema de licenciamiento automático que se activa desde el momento en que un servicio de streaming integra algún tema musical a su biblioteca. Hasta ahora, proveedores como Google, Apple o Spotify tenían la salida fácil de enviar una notificación (NOI) a la Oficina de Derechos de Autor informando que determinado tema que estaba en sus sistemas no contaba con licencia de difusión, lo cual era suficiente para evitar pagar cualquier tipo de regalías. Se estima que a la fecha han emitido más de 50 millones de NOIs.
La otra modificación importante a la situación actual, es que ahora las asociaciones de compositores como ASCAP o BMI tienen voz y voto en la determinación del nivel de regalías que se tienen que pagar a los creadores. Anteriormente esa cantidad la determinaba un juez federal que podía o no tener conocimiento o interés en el tema, pero que regularmente no decidía en favor de los artistas.
Al parecer en el proceso de elaboración de la propuesta han participado de buena fe todas las partes involucradas, incluyendo a la siempre complicada RIAA y a la DiMA, que representan respectivamente a las compañías de discos y a los medios digitales, así como la Internet Association que engloba a los proveedores de los servicios de streaming. Después de pasar por las Cámaras, la propuesta llegará al escritorio del Presidente Trump (sí, ese del que tanto hablamos), del que espero que al no entender absolutamente nada sobre el tema simplemente se limite a firmarla y aprobarla.
Seguramente faltarán muchos más detalles que afinar y mecanismos para hacer que la propuesta funcione de manera eficiente, pero sin duda representa un paso importantísimo para todos los que participan en el proceso de creación musical. El siguiente paso será tratar de asegurar que todos ellos reciban una retribución justa por su trabajo. Mientras el sistema funcione de esta manera, el futuro de la música estará asegurado más allá de lo que nos quiera imponer el Mainstream. No es poca cosa.
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Si legislaciones de este tipo estaban terriblemente atrasadas en un país masivamente productor de música como Estados Unidos, imaginamos que en México lo están aún más. Es de esperarse que el fenómeno americano alcance como cascada a las industrias musicales del resto de los países y que aquí también se consiga un pago justo y oportuno a los artistas nacionales.
La Recomendación de la Semana: GEPH (USA) – Apophenia (2018).
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