Escuchamos la palabra guerra e inmediatamente pensamos en Yemen, Mosul o Somalia, la gente se lamenta por las víctimas y firma peticiones, pero hay una guerra que se vive en México y que nadie voltea a ver.
En el norte del país los pueblos Yaquis están viviendo una guerra que puede ser el inicio de algo muy grande. En 2015, la BBC llamó a estas comunidades “los combatientes de la primera guerra por el agua”
Los Yaquis es uno de los grupos étnicos más representativos y aguerridos del norte de México. Sus pueblos se encuentran en una zona caliente por las altas temperaturas que rebasan los 30 grados y por la violencia que atraviesa la región, pues su ubicación es estratégica en el trasiego de drogas.
Los habitantes de los pueblos Cócorit, Loma de Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Rahum y Huirivis, llevan siglos acostumbrados al clima árido, pero actualmente esta atmósfera es más difícil de sobrevivir con la falta de agua y la tasa de homicidios en Sonora que es casi veinte puntos mayor que la media nacional.
Guaymas, Empalme y Cajeme son los tres municipios con la tasa de homicidios más alta del estado y Ciudad Obregón, la cuarta ciudad más peligrosa del mundode acuerdo con el último listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Es un estado inseguro para defender el medio ambiente y según los datos que recabó el Centro Mexicano de Defensa Ambiental, entre 2012 y 2018, fue la segunda entidad en registrar más agresiones a activistas ambientales.
Basta recordar que el 13 de mayo, en medio de las campañas electorales –y a plena luz– asesinaron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal en Cajeme. Por si fuera poco, durante el mes de junio, asesinaron a dos yaquis defensores del agua: Tomás Rojo Valencia, quien llegó a ser vocero. Y a Luis Urbano Rodríguez, otro defensor, lo asesinaron a balazos al salir del banco en Ciudad Obregón, el 8 de junio.
La violencia en Sonora se manifiesta con especial fuerza en los municipios donde se encuentran los pueblos yaquis y eso ha provocado que líderes de la comunidad, que también son quienes encabezan la defensa del agua y el territorio, reciban amenazas e incluso sean asesinados, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus comunidades.
Sonora reporta hasta el 31 de mayo de 2021 un estado de sequía extrema (categoría D3), que se caracteriza por la pérdida de cultivos, un alto riesgo de incendios forestales y un llamado generalizado a restringir el uso del agua. En otras palabras, no es que la violencia provoque la sequía, pero sí merma las defensas de un pueblo que ha pasado la última década bajo la amenaza de perder la poca agua que le queda.
Si el alza de la violencia no tiene que ver con el agua, ¿quién podría tener interés en amedrentar a los yaquis? Los yaquis declinan con amabilidad las entrevistas diciendo que “no son voceros autorizados” o confiesan que les da miedo hablar y motivos, les sobran.
La ruta del narco
Ahora bien, el interés del narcotráfico en esta región no tiene que ver con el agua, pero sí con la geografía. El año pasado, el periodista Bernhard Buntru publicó el reportaje “La ruta del narco” en el regiomontano Código Magenta. Ahí hace un análisis territorial de los sitios donde se concentraban los decomisos y enfrentamientos en distintos estados del país.
En el caso de Sonora, la Carretera Federal 15 es la joya que los cárteles se disputan, porque va de la Ciudad de México, pasa por todo el Pacífico y llega hasta Nogales, en la frontera con Estados Unidos. Atraviesa los municipios de Empalme, Guaymas y Cajeme y, en este último, cruza Vícam, uno de los ocho pueblos yaquis.
De acuerdo con el trabajo de Buntru, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que, de los 104 narcotúneles asegurados en esta zona entre 2000 y 2018, la mitad estaba en Sonora.
“La Carretera Federal 15 conecta con el puerto de Guaymas, uno de los puntos principales de entrada de droga, junto con el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán”, explica Buntru en una entrevista concedida a la Revista Gatopardo y añade que “hay decomisos prácticamente mensuales”. Tan sólo el 20 de mayo de 2021 se decomisó media tonelada de metanfetaminas.
La presa privada de Padrés
En 2010 el gobierno de Guillermo Padrés impulsó el acueducto Independencia, de 150 kilómetros de longitud, cuyo propósito es trasladar agua del río Yaqui al río Sonora, para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la capital sonorense.
“Sus promotores principales son los sectores inmobiliario, comercial e industrial de Hermosillo. Los opositores son los agricultores del distrito de riego 041, miembros de la tribu yaqui y el Movimiento Ciudadano por el Agua”, escribió José Luis Moreno, profesor del Colegio de Sonora.
Ese mismo año, la falta de agua fue mayor por un derrame de sulfato de cobre en el río Sonora que ocasionó una mina de Grupo México y que afectó directamente al municipio de Hermosillo.
El trasvase de agua del río Yaqui para la capital se volvió esencial. Ese mismo año se descubrió que el gobernador Padrés tenía una presa privada –Rancho Pozo Nuevo– que acaparaba agua, mientras él utilizaba el discurso de la escasez para avanzar con el proyecto del acueducto. En 2015 dinamitaron la presa y también la carrera de Padrés, a quien posteriormente acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El exgobernador terminaría por entregarse a la justicia a finales de 2016 y seguiría preso hasta febrero de 2019, tras pagar una fianza de cien millones de pesos con la que consiguió la libertad provisional. Padrés continúa con un juicio pendiente por lavado de dinero por once millones de pesos.
Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui
Trinidad Ruiz, encargada de la Unidad Regional de la Dirección General de Culturas Populares en el sur de Sonora ha visto con sus propios ojos las carencias cotidianas de la región. “Recuerdo un día que estaban regando un trigo y se formó un charco y los niños fueron a bañarse. ¡Imagínate! Estaban felices, bañándose en el charco, sin importarles lo que traiga esa agua”.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboraron un estudio, “Estimación y dispersión de contaminantes en el río Yaqui (Sonora, México); evaluación y riesgos ambientales”, donde señalan que hay concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio en dichas aguas.
El Sol de Hermosillo le dio seguimiento al estudio y entrevistó a la doctora Sofía Garrido Hoyos, que lideró el proyecto. El diario local publicó que el agua de los pozos tiene una alta salinidad por el uso de fertilizantes y que contiene glifosato, un plaguicida que la Organización Mundial de la Salud señala como “probablemente cancerígeno” y que deberá dejar de utilizarse en el campo mexicano, por decreto presidencial, antes del 31 de enero del 2024.
De acuerdo con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 90% de las tierras de los yaquis se renta a los agricultores. Los medios locales señalan que el precio comercial está entre los cinco y seis mil pesos mensuales por hectárea.
La situación con los agricultores se tensó cuando el presidente López Obrador fue a Vícam a firmar el acuerdo para la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en agosto de 2020. Para esto, instruyó que se hiciera un análisis del estado de la posesión de la tierra y “saber quiénes están ocupando la tierra”; un hecho que los agricultores tomaron como una amenaza de expropiación. El decreto de este Plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de ese mismo año. En ese documento se habla de la creación de una comisión que tendrá, entre sus funciones, “investigar y realizar trabajos técnicos e informativos, encaminados a analizar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorios y aguas del pueblo yaqui”.
Se ha llegado a acuerdos como el de la creación del distrito de riego 018, que estará enteramente administrado por el pueblo yaqui, lo que servirá para incentivar que trabajen el campo que les pertenece en lugar de rentar las tierras.
El 15 de junio el presidente y el gobernador electo Alfonso Durazo se reunieron en Palacio Nacional. En las publicaciones de la prensa se dio a conocer que el tema central de las conversaciones con el futuro gobernador de Sonora fue la implementación del Plan, una prioridad para el presidente, pero no necesariamente para Durazo: en las más de mil páginas de su libro Sonora: propuestas para su transformación, que utilizó como plataforma electoral, sólo una vez hace mención al Plan de Justicia y se refiere a él como un asunto federal.
Aunque este esfuerzo federal es una esperanza para reducir las amenazas que hoy asedian al pueblo yaqui, el contexto no da tregua. La inseguridad sigue a tope, así como los efectos del cambio climático. La plaza sigue tan caliente que esperar a que el Plan de Justicia se pueda implementar es un privilegio del que pocos gozan.
En medio de todas estas ausencias –de agua, de seguridad, de Estado– sólo les queda lo dicho en el juramento que toman los oficiales yaquis cuando tienen su cambio de gobierno: “El cumplimiento del deber en el puesto que se te designe, allí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres”.
El mandato divino de resistir la sed, las balas y lo que venga.
Con información de Gatopardo
