México liga aún más su futuro económico al de Pemex. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado este miércoles una inyección de 5.000 millones de dólares en la petrolera estatal, la más endeudada del mundo y cuyas finanzas atraviesan una situación crítica, para hacer frente al retador calendario de repagos que afronta en los próximos años. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda justifica la acción como «parte de los esfuerzos del Ejecutivo para fortalecer la estabilidad financiera de Petróleos Mexicanos y mejorar su rentabilidad y contribución estratégica a largo plazo a la economía». La firma energética deberá utilizar los fondos para reducir su elevadísima deuda —de más de 100.000 millones de dólares—. En una segunda nota, la empresa subraya que la inyección de liquidez se empleará en el repago de bonos de que vencen de aquí a 2023, la refinanciación de deuda a largo plazo y un intercambio de bonos «con el fin de suavizar el perfil de vencimientos».
La medida anunciada este miércoles se suma a una ya extensa serie de accionespara tratar de aliviar la presión a la que se ve sometida Pemex, en otros tiempos joya de la corona del Estado mexicano y hoy asediada por la deuda y las pérdidas—acumula más de un lustro en números rojos y en la primera mitad de 2019, sin ir más lejos, registró un resultado negativo de más de 4.500 millones de dólares—. En los poco más de 10 meses de Gobierno de Morena, las autoridades mexicanas han rebajado la carga fiscal a la que se ve sometida la petrolera —un claro balón de oxígeno en sus cuentas tras años en los que los ingresos públicos descansaron en gran medida en los lomos de la compañía— y han anunciado nuevas aportaciones de capital. Esta, en particular, servirá para cubrir una parte sustancial de los vencimientos de deuda del año que viene.
En los planes de López Obrador, anteriores a la operación completada este miércoles, figuraba la inyección de 7.400 millones de dólares en la primera mitad del sexenio. A finales de julio, sin embargo, el presidente mexicano negó que se fuese a utilizar unos 7.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, una suerte de ahorro de emergencia, para reforzar el capital de la petrolera estatal, como dejó caer poco antes la Secretaría de Hacienda. «Lo que el Gobierno busca es darle viabilidad y solvencia a la empresa, y evitar que el endeudamiento crónico lastre sus operaciones. Desde ese punto de vista es positivo», valora José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Aunque, como complementa el analista Ramsés Pech, «es dinero público a fondo perdido: la operación convierte deuda de Pemex en deuda del Estado».
No es ninguna novedad que la gran apuesta de López Obrador en lo económico es sacar a la petrolera estatal del hoyo en el que se encuentra, pero los pasos para tratar de rescatar Pemex se han acelerado en las últimas jornadas: tanto para el presidente como para Hacienda, sacar adelante la petrolera se ha convertido en prioridad absoluta. La última muestra fue el Presupuesto para 2020, presentado el pasado domingo, en el que el Gobierno mexicano amplió en un 8,8 % los recursos anuales destinados a la mayor empresa pública de América Latina: algo más de 523.000 millones de pesos (casi 26.800 millones de dólares), frente a los 481.000 millones de pesos del año anterior. Un claro espaldarazo del Estado a una empresa cuya recuperación, como los colaboradores del presidente han dicho en más de una ocasión, es prioritaria. Según los cálculos de Bloomberg, la aportación de Pemex al presupuesto federal, entre impuestos y regalías, ronda la quinta parte del total de ingresos públicos.
En el Paquete Económico de 2020, el Ejecutivo espera que la producción de crudo aumente en un 17 %, una cifra no vista en el país norteamericano en casi dos décadas y que una buena parte de analistas ha criticado —al igual que el cuadro macroeconómico— por excesivamente optimista. Los bombeos han caído prácticamente a la mitad en los últimos 15 años, mientras la deuda de la petrolera estatal —que el sexenio pasado se abrió a la colaboración con el sector privado y que, según ha dejado caer Hacienda esta misma semana, retomará los planes de establecer alianzas entre los sectores público y privado, muy criticados por López Obrador durante la campaña electoral.
Con Pemex en el foco de las agencias de calificación —algunas, como Fitch, ya han degradado la calidad crediticia de la petrolera a bono basura y otras, como Moody’s, han advertido de su «preocupación» por la situación financiera de la compañía—, muchos en el mercado temen que una rebaja adicional impacte sobre el propio bono soberano mexicano. Al embrollo no ha ayudado, ni mucho menos, la apuesta del presidente por la refinería de Dos Bocas (Tabasco): una inversión que el mercado ve poco rentable y que ha recibido severas críticas de los analistas, que piden al Ejecutivo que opte por reforzar la inversión en exploración y producción, el corazón de su negocio y el segmento verdaderamente rentable en su negocio. «Si Pemex pierde la calificación, detrás va el Estado», sintetiza De la Cruz. Es justo lo que ha tratado de evitar el Gobierno con la inyección de liquidez de este miércoles.
