Elías Camhaji | Alfredo Estrella | El País
México ha conmemorado este jueves el quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sin nuevos hallazgos en la investigación y ante el riesgo de naufragio del caso en los tribunales. El presidente, Andrés Manuel López Obrador; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, han portado camisetas conmemorativas a petición de los familiares de las víctimas y han ofrecido un informe sobre el estado de las pesquisas en el que se reafirma que se trató de una desaparición forzada a manos de agentes del Estado. Las autoridades han dicho que seguirán dos líneas prioritarias de investigación: la búsqueda de los alumnos como si siguieran con vida y la hipótesis de «destino final», en la que los normalistas habrían sido asesinados. También se ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos (unos 500.000 dólares) a quien de información para encontrar a Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales sospechosos, y otra de 1,5 millones de pesos a quien aporte nuevos elementos. Se ha adelantado también que se citará a Jesús Murillo Karam, exfiscal general, así como a otros exfuncionarios implicados para tratar de esclarecer el paradero de los desaparecidos.
José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala, el municipio del Estado sureño de Guerrero donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, así como el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal estatal Iñaki Blanco ya habían declarado antes, pero esta vez serán llamados como testigos. La intención de la Administración de López Obrador y de la Fiscalía General de la República, constituida como un órgano autónomo unos días después de la entrada del Gobierno en diciembre pasado, es identificar omisiones y errores que han estancado el caso y llevar a los responsables ante los tribunales, de haber elementos. La promesa de llevar ante la justicia a Murillo Karam y a Tomás Zerón, a cargo de las investigaciones durante buena parte de la presidencia de Enrique Peña Nieto, ha sido uno de los pilares para mantener la confianza de los padres de los alumnos que asistían a la escuela normal Isidro Burgos. Encinas ha informado de que ya existen cuatro diligencias contra exfuncionarios, aunque no se ha especificado a quiénes.
En las últimas semanas se ha dado a conocer que 77 de los 142 detenidos han sido liberados por irregularidades y violaciones a los derechos humanos, y que el resto de los imputados, salvo un puñado que están arrestados en relación a otros delitos, estaban a un paso de recuperar su libertad por esas pifias en el proceso legal. «Las personas que han salido no significa que no enfrentarán a la justicia, estamos reuniendo nuevas pruebas sobre otros delitos», ha insistido Gómez Trejo, ungido como fiscal especial para el caso en junio. «Ninguna persona está por encima de la ley, todos los que ocuparon cargos públicos pueden ser llamados», ha respondido Gómez Trejo, sobre la posibilidad de llamar a Peña Nieto.
Tenescalco Mejía, el nuevo blanco de las autoridades, está señalado por los delitos de delincuencia organizada, homicidio y secuestro. Era parte de la policía municipal de Iguala y se presume que tenía vínculos con Guerreros Unidos, el grupo criminal detrás de la desaparición de los estudiantes, ha apuntado Encinas. Las autoridades han revisado más de 80 millones de llamadas de los teléfonos de los alumnos y han corroborado que no hubo contacto entre ellos y los integrantes del cartel, aunque han asegurado que ya han podido reconstruir los hechos alrededor del rapto de los estudiantes.
Se realizaron en los últimos 48 días ocho operativos de búsqueda en 210 puntos de cinco municipios de Guerrero y se han encontrado 184 cuerpos, 44 ya han sido identificados, pero ninguno corresponde a los de los estudiantes. Las autoridades han dicho que se reunirán cada dos meses con los familiares para dar seguimiento y preguntado sobre cuándo se tendrían resultados para esclarecer el caso, Encinas ha evitado dar un plazo fijo. «Cuando los tengamos», ha manifestado. «Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para conocer la verdad», ha agregado.
Más allá de las recompensas, López Obrador ha hecho un llamado a los involucrados a dar información que ayude a esclarecer el caso. «Es un proceso fundamental de justicia, derechos humanos, de las instituciones del Gobierno», ha dicho el mandatario. Está previsto que los familiares marchen desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en la almendra central de la capital mexicana, y antes realicen una misa. En un proceso en el que está en juego la demostración de haber superado la opacidad del sistema judicial, así como la impunidad de la violencia del Estado contra la ciudadanía, las autoridades se aferran a compromisos y gestos simbólicos para mantener la confianza de los familiares y la esperanza de esclarecer lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos.
