El País
México encara este miércoles un reto sin precedentes recientes. Y lo hará con la Secretaría de Relaciones Exteriores como encargada de desactivar la crisis que ha desatado la última y más importante amenaza de Donald Trump a su vecino del sur: un arancel general del 5% —que podría acabar aumentando hasta el 25%— si no ve una acción inmediata de su socio contra la inmigración. El canciller Marcelo Ebrard encabeza un esfuerzo contrarreloj de políticos, diplomáticos y empresarios en la capital estadounidense para impedir que la Administración republicana imponga aranceles generales desde el 10 de junio en represalia de lo que considera una crisis migratoria. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta a la situación más tensa en sus seis primeros meses de mandato, con el diálogo y el optimismo como principales apuestas. Sin embargo, el Gobierno mexicano empieza a preparar una respuesta por si Trump finalmente da el paso y ya está estudiando a qué condados golpear con un arancel de vuelta, según han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas al proceso.
La visión del Ejecutivo ha sido trasladada a Washington. Ebrard anunció a primera hora de este martes su convicción de que hay solo un 20% de probabilidades de abandonar la capital estadounidense sin acuerdo y con las manos vacías. La línea argumental que pretende llevar el canciller ante su homólogo, Mike Pompeo, y el vicepresidente, Mike Pence, es que “México ya está haciendo un esfuerzo muy grande” en su frontera sur y que comparte la preocupación de Trump sobre el tema. «No tiene sentido tener una discusión tarifaria ahora mismo cuando es posible alcanzar un acuerdo sobre migración», añadió Ebrard. El presidente de EE UU, sin embargo, se encargó poco después de rebajar las expectativas de acuerdo desde el Reino Unido, donde está de visita oficial: «Lo más probable es que los aranceles sigan adelante», afirmó.
El Gobierno de López Obrador ha devuelto a sus países a 80.500 migrantes desde diciembre. Otras 18.000 personas esperan en territorio mexicano su entrada a EE UU para solicitar asilo. Las peticiones de refugio también han alcanzado una cifra récord en México, que podría registrar en torno a 60.000 en 2019. Sin embargo, ningún funcionario del Instituto de Migración o de Gobernación (Interior) acompaña en Washington a la nutrida delegación mexicana. El hombre de López Obrador en la capital estadounidense es su coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas, quien ya acompañó al entonces presidente electo en una visita a esa ciudad en marzo de 2017.
El equipo que encabeza Ebrard incluye también a otros dos secretarios: Graciela Márquez, de Economía y Víctor Villalobos, de Agricultura y Desarrollo Rural. Jesús Seade, mano derecha de López Obrador en la negociación del nuevo tratado comercial norteamericano (T-MEC) y hoy número dos de Exteriores para América del Norte, también se ha sumado a la defensa de los intereses nacionales. Ebrard, sin embargo, ha dejado claro que el equipo que se entrevistará con Pence y Pompeo no será muy amplio para evitar una reunión “muy larga que dificulte acuerdos”.
El trabajo de la Secretaría de Hacienda, aunque en la sombra, también está siendo clave. Sus funcionarios no han viajado a Washington, pero están —junto con sus pares de Economía— al frente del análisis de las consecuencias que se derivarían de la entrada en vigor de los aranceles y de la posible respuesta de las autoridades mexicanas, según han confirmado dos personas cercanas al proceso. Dentro de ese trabajo destaca el mapeo de los Estados y, sobre todo, de los condados de EE UU para medir el efecto de una potencial contramedida mexicana. Es la misma técnica utilizada para salvar el tratado de libre comercio: identificar qué zonas dependen más de las exportaciones a México para presionar a sus gobernadores y senadores. En esa labor les acompañan algunos académicos, como el director del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, Ignacio Martínez, que confirmó la información a este diario.
A pesar del optimismo, México comienza a desempolvar su plan b por si Trump se mantiene en sus trece y el arancel entra en vigor el 10 de junio. Una persona que conoce el proceso revela que los funcionarios mexicanos están estudiando los productos terminados más sensibles en términos políticos para imponerles un arancel en respuesta. La elección requiere de un análisis detallado que debe evitar daños extra en las cadenas de producción o a la competitividad de la economía mexicana. Parte de ese trabajo, sin embargo, ya está hecho desde la negociación del nuevo tratado comercial: los meses de arduas conversaciones sirvieron, entre otras cosas, para mapear las zonas más sensibles para el Partido Republicano
«Tenemos claro dónde hay que golpear: en los Estados políticamente más sensibles para Trump para su reelección», apuntan desde el sector privado mexicano, en estrecha colaboración con el Gobierno. México, como subrayó López Obrador la semana pasada, no quiere que se aplique una dinámica de ojo por ojo. Pero nadie tiene dudas de que habrá respuesta desde el sur si la Casa Blanca da el paso y fija un arancel. Y los productos que exportan los condados políticamente más sensibles para el Partido Republicano son los más susceptibles de ser gravados.
Fórmulas para
bloquear los aranceles
Otra parte de la ofensiva mexicana incluye también al poder legislativo. Mario Delgado, el líder de los diputados de Morena, viajó el martes a la capital de Estados Unidos para reunirse con congresistas. El senador Héctor Vasconcelos también tendrá reuniones con sus contrapartes estadounidenses. Algunos, como Ron Johnson, de Wisconsin, o Ted Cruz, de Texas, ya han advertido a la Casa Blanca de que les tendrá en contra. En Ciudad de México se ven con buenos ojos los últimos movimientos en el Capitolio, donde un buen número de congresistas legisladores republicanos está buscando fórmulas para bloquear los aranceles de Trump, según adelanta este martes The Washington Post. Esa potencial iniciativa sería el mayor desafío de su partido desde que está en la Casa Blanca.
Márquez se entrevistó el lunes con el titular estadounidense de Comercio, con un resultado tímido: Wilbur Ross le insistió en redoblar esfuerzos contra la migración. Los funcionarios mexicanos están, además, respaldados por la plana mayor del empresariado. “El sector privado está muy activo”, dijo el martes Ebrard, quien reveló que Carlos Salazar Lomelín, presidente de la patronal, lo acompañará a la cumbre con Pompeo para presentarle una posición unificada. Las rondas previas de los mexicanos, que llevan en Washington desde el viernes, han sido utilizadas para mostrar de forma didáctica como un arancel de 5% de su principal socio comercial podría traducirse en un encarecimiento de productos importados por 17.000 millones de dólares (unos 15.000 millones de euros), según los cálculos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Texas, por ejemplo, sería el más afectado porque los incrementos a las importaciones de productos mexicanos podrían generar una carga de 5.300 millones de dólares que pagaría el consumidor. Esto podría incrementar hasta los 26.700 millones si Trump lleva hasta octubre la amenaza de aranceles de 25%. Otros Estados con afectaciones similares, desde el 10 de junio, son Michigan (2.800 millones), California (2.200 millones), Illinois (657 millones), Ohio (459 millones) y Arizona (452 millones), de acuerdo con cálculos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
El desembarco de altos funcionarios mexicanos en Washington no tiene precedentes recientes. Ni siquiera en los momentos más álgidos de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), cuando el acuerdo ya se mascaba. El más reciente choque entre EE UU y México desde la llegada de Trump a la Casa Blanca ha adquirido una dimensión global. México, un país clave para la estructura productiva estadounidense y con el que le une un acuerdo de libre comercio con un cuarto de siglo de historia, ha pasado a ser no solo el objetivo de las invectivas del presidente —nunca dejó de estar en la diana— sino también de sus aranceles. Y eso, para un país que depende tanto de otro —más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen destino final en EE UU— es sinónimo de grave peligro. Su Gobierno tiene menos de una semana para desactivarlo, pero la cuenta atrás ya ha empezado y hará falta algo más que optimismo para convencer a Trump.
