El País | Reuters
El Gobierno de México ha formalizado este martes ante la justicia española la petición de extradición de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, ha confirmado una fuente de la Cancillería mexicana a este periódico. Con este trámite, la Administración de Andrés Manuel López Obrador avanza en su intención de que el exfuncionario del sexenio del priista Enrique Peña Nieto enfrente en casa las acusaciones por corrupción. Lozoya, un político del círculo más cercano del exmandatario, enfrenta acusaciones de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Se le señala por haber recibido, presuntamente, más de nueve millones de dólares en sobornos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht para recibir un trato preferencial a lo largo de la Administración del PRI. Este es uno de los casos de alto perfil que la Fiscalía lleva contra colaboradores del partido tricolor. Ahora corresponde a la Audiencia Nacional española atender la demanda de la justicia mexicana.
La petición de extradición llega en un momento difícil. España vive un estado de alerta decretado por el presidente del Gobierno para combatir la epidemia del coronavirus, que ha dejado más de 41.000 contagiados y cerca de 3.000 fallecidos. Aún así, este “sigue siendo un tema prioritario” para el Gobierno de México, según afirma un vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. México ha presentado en estos días la solicitud formal de Lozoya, detenido el 13 de febrero en Málaga, porque estaba próximo a vencerse el plazo de 60 días naturales contemplados por la Ley de Extradición mexicana para formular el reclamo. No obstante, la Administración de Morena sabe que la situación que vive España probablemente retrase el proceso judicial que culminaría con la entrega del exdirectivo de la petrolera estatal. Como muestra de las complicaciones de este proceso, este martes se ha informado que el exjuez Baltasar Garzón, quien es identificado como parte de la defensa de Lozoya (sin que lo hayan confirmado las partes), ingresó a una clínica privada en Madrid con un cuadro de problemas respiratorios y fiebre. El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha sido sometidos a pruebas de covid-19 y está a la espera de resultados.
Emilio Lozoya abandonó México hace casi un año, el 30 de abril de 2019, cuando consideró que el Gobierno de López Obrador lo fijó como objetivo prioritario en su agenda de lucha anti corrupción. Su huida tuvo como destino Alemania, donde la extradición era menos probable. Sorpresivamente, Lozoya se movió al sur de Europa. Exactamente a Málaga, en Andalucía. Allí fue capturado el prófugo por la policía española cuando abandonó la urbanización de lujo que usaba como guarida.
Lozoya, un economista con estudios de posgrado en Harvard, tuvo una larga carrera dentro de la Administración Pública. La cúspide de esa trayectoria, sin embargo, la encontró formando parte del núcleo que organizó el salto de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, al poder. Lozoya, hijo de un secretario de Estado del expresidente Carlos Salinas (1988-1994), fue nombrado encargado de asuntos internacionales de la campaña del PRI, donde aprovechó sus amplias conexiones políticas y empresariales en América Latina.
Parte de esas relaciones, cree la Fiscalía, fueron precisamente las que intentaron sobornarlo. Ejecutivos brasileños de Odebrecht, la empresa que se convirtió en la hidra de corrupción en diversas naciones latinoamericanas, declararon ante autoridades judiciales haber pagado 9,1 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos del futuro director de Pemex. Otra acusación lo vincula a una compra fraudulenta de una planta de fertilizantes en pésimas condiciones. La transacción costó a la petrolera, hundida en deudas, más de 400 millones de dólares, pero a la larga las pérdidas de la paraestatal superaron los 1.400 millones. El único beneficiado por la operación fue Altos Hornos de México, la compañía vendedora.
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, también está en prisión en Madrid. Enfrenta otro juicio de extradición a México por el mismo caso. El 10 de marzo, Ancira compareció ante la Audiencia Nacional, que estudia su entrega a México. Allí criticó el caso de la Fiscalía. “Yo soy un daño colateral”, dijo el empresario, quien comparó a López Obrador con Adolfo Hitler. “El señor presidente quiere ir sobre la Administración anterior y fue inventando una serie de hechos que nada tienen que ver con la planta de nitrogenados, falsedades todas”, se defendió Ancira, quien dijo prefiere quedarse en una prisión española pues estas son “un hotel de dos estrellas” comparadas con las cárceles mexicanas. El futuro de Ancira y Lozoya se definirá en las próximas semanas. Todo depende de la crisis del coronavirus, un factor sorpresa en uno de los procesos de justicia más esperados en México.
