El País | Carlos Salinas
Es la hora de la comida y Paula Urbana, de 71 años, no ha parado de empaquetar las compras de extraños en un supermercado de la colonia Roma, en Ciudad de México. Su oficio puede sonar raro en otros lados, pero en México son las personas mayores, generalmente jubilados, quienes pasan horas de pie en las cajas del súper metiendo en bolsas la compra de la gente por una propina. Por esas cajas pasan a diario miles de manos, de bocas y de virus y la OMS ya ha determinado que los mayores de 60 son población de riesgo. Si el Gobierno no toma medidas, estos ancianos seguirán ahí cuando la epidemia se recrudezca porque la mayoría vive al día con una triste pensión o sin ella, y las propinas son tan vitales para ellos como la alimentación para toda la ciudadanía. Estas tiendas, como las farmacias, no se cerrarán.
Estos días, las compras de acopio para el confinamiento en casa les están proporcionando un dinero extra, pero teniendo en cuenta que los que están aparentemente sanos son los que están infectando, ¿cuántos de estos adultos mayores se librarán del contagio? La señora Urbana tiene miedo: está expuesta todos los días a extraños ella, bajita, morena, de piel arrugada como una pasa, delicada. Aunque lleva guantes y un tapabocas sabe que no es suficiente para protegerse. “Pero no podemos hacer nada”, afirma. “Que pase lo que nuestro Padre diga”.
En México, las cuatro principales cadenas de supermercados —Wal-Mart, Soriana, Chedraui y Comercial Mexicana— operan 6,129 tiendas, mientras que datos del instituto de estadísticas, el Inegi, muestran que los establecimientos de abarrotes en el país suman casi 600.000 y muchos ofrecen a ancianos la oportunidad de hacerse con unas propinas empacando las compras. Urbana, que lleva nueve años en este oficio, no recibe un cheque al mes. Dice que su salario proviene de las propinas. En una jornada normal, esta mujer puede hacerse con 200 pesos (ocho dólares) y si le va bien —como en esta época de compras masivas— puede alcanzar los 500 (20 dólares). “Nos dan preferencia frente a personas de otras edades”, afirma cuando se le pregunta cómo consiguió este puesto, en el que pasa de pie cinco horas al día. Comparte los gastos de casa con su hijo, lo que incluye el pago de una renta mensual de 2.500 pesos (104 dólares) en la colonia Laguna de Ticomán, al norte de capital mexicana. “No soy jubilada. Necesito este ingreso”, cuenta.
Claudia de la Vega, directora de asuntos corporativos de Walmart de México y Centroamérica, explica a EL PAÍS que la actividad de los adultos mayores como empacadores es voluntaria, es decir, “no son empleados nuestros”. Este trabajo —agrega— se basa en un convenio con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores [Inapam]. “Estamos en una estrecha comunicación con el Inapam y seguimos sus recomendaciones”, dice. Desde el Inapam, sin embargo, emitieron el 17 de marzo un comunicado que contradice la realidad de estos adultos mayores. El organismo recomienda que “las personas mayores no asistan a lugares concurridos, que eviten traslados innecesarios y durante esta situación permanezcan lo más posible en sus hogares”. Algo que Paula rechaza, porque el dinero que gana en el supermercado es su único ingreso económico. El trabajo de los adultos mayores está amparado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en su artículo cinco establece que estas personas deben tener “igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen”.
