Rodolfo Borges | El País | Foto: Edmar Barros
Puñaladas con cepillos de dientes afilados y estrangulaciones usando técnicas de artes marciales. Esas fueron algunos de los métodos que utilizaron los reclusos agresores para asesinar entre el domingo y el lunes a 57 reos de cuatro cárceles de la ciudad de Manaos, la capital del Estado de Amazonas, en el norte de Brasil.
Quince de esas muertes fueron confirmadas el domingo y se produjeron el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj). Las autoridades aseguraron que los otros 42 fueron asesinados este lunes, después de que el Gobierno local anunciara que los graves altercados que provocaron la matanza del día anterior ya estaban controlados. Las autoridades penitenciarias de Amazonas informaron de que los letales disturbios fueron supuestamente «motivados por un cisma entre presos que integraban un mismo grupo criminal y que actúa en el tráfico de drogas» en el Estado de Amazonas. Añadieron que la intervención de los agentes evitó la muerte de al menos otros 200 reclusos a los que sus rivales habían jurado matar.
Buena parte de las cárceles brasileñas están dominadas por grupos criminales que mantienen violentas disputas por el control del tráfico de drogas. Brasil es el tercer país con mayor población reclusa con más de 700.000 personas en graves condiciones de hacinamiento.
El gobernador de Amazonas, Wilson Lima, ha anunciado la llegada de los primeros agentes de un cuerpo creado en 2017 como fuerza de intervención en los penales. El desembarco de los primeros 20 está prevista para este martes, otros 80 llegarán durante el resto de la semana. La vigilancia ha sido reforzada en las prisiones amazonienses y las visitas han sido suspendidas durante un mes.
Según la Secretaría Estatal de Administración Penitenciaria (SEAP), los presos que murieron este lunes fueron ahorcados además de en Compaj en tres cárceles, todas ubicadas en la capital amazónica.
Los asesinatos derivados de conflictos internos llevan produciéndose en las cárceles de Manaos al menos desde 2017, cuando una revuelta que duró 17 horas se saldó con 56 muertes. Además, el pasado mes de diciembre un agente penitenciario murió dentro de la prisión.
El Departamento Correccional de la Amazonia había afirmado a la agencia Efe que la situación estaba bajo control al final de la tarde del domingo, cuando se movilizó un batallón de la Policía Militar para entrar en algunas de las cárceles. El Gobierno federal informó que, a petición del Gobierno de Amazonas, enviará una Unidad Especial de Intervención Penitenciaria a las prisiones de Manaos.
Formada por agentes federales de ejecución penal de los 26 Estados de la federación y del Distrito Federal, esta unidad obedece a la planificación definida por los entes involucrados en la operación, siempre que sea necesaria su actuación», explica en un comunicado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
El Ministerio, presidido por el ex juez Sérgio Moro, recuerda asimismo en la nota que «la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSP) es la encargada de la seguridad del área externa del Complejo Penitenciario Anísio Jobim desde el 9 de enero de 2017. La FNSP seguiría actuando allí». Este lunes, a raíz de las 15 muertes del domingo, el Ministerio ya había confirmado que reforzaría la presencia policial en otros centros penitenciarios del Estado como «medida de precaución». Antes, el secretario de la Administración Penitenciaria de Amazonas, el coronel Marcos Vinicius Almeida, descartó la hipótesis de una «rebelión» y dijo que las muertes se produjeron durante la visita dominical por una «disputa entre los internos».
Las víctimas del domingo, según Almeida, murieron asfixiadas o apuñaladas con cepillos de dientes. «Esto nunca sucede durante las visitas; algunos murieron dentro de sus celdas con las puertas cerradas. Muchos cometieron los crímenes delante de los familiares», afirmó el secretario. Según la Secretaría, no se registraron fugas ni ataques a los guardias de la prisión. Y ningún familiar fue tomado como rehén. El móvil de la reyerta que provocó las muertes será investigado por las autoridades, que han suspendido temporalmente las visitas al centro y afirmado que analizarán las imágenes de las cámaras de vigilancia.
