Información: México Unido Contra la Delincuencia
Como parte de una estrategia legal con la que México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) busca terminar con la “guerra contra las drogas”, en mayo pasado un juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó a integrantes de nuestra organización dos amparos que ordenan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizar la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína, excluyendo todo acto de comercio.
Las decisiones son relevantes por ser las primeras en su tipo, detonar nuevamente un debate sobre la necesidad de eliminar la criminalización de personas usuarias de distintas sustancias y reforzar la intención del gobierno actual de reformular el combate a las drogas. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, “la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública”. Además, según el mismo documento el gobierno se estaría planteando “levantar la prohibición de las [drogas] que actualmente son ilícitas”.
Para MUCD, quien lideró junto con el CEIS y el colectivo SMART la estrategia de litigio en materia de cannabis que generó jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este caso constituye un paso más en la lucha por construir políticas de drogas alternativas que permitan reorientar los esfuerzos de seguridad y atender mejor la salud pública. “Llevamos años trabajando por un México más seguro, justo y en paz, y con este caso insistimos en la necesidad de dejar de criminalizar a usuarios de otras drogas que no son la marihuana y diseñar mejores políticas públicas que exploren todas las opciones disponibles, incluida la regulación” dijo Lisa Sánchez, directora de la organización.
No será legal
Es importante puntualizar que estos amparos no legalizan la sustancia ni pueden hacerse válidos hasta ser confirmados por un Tribunal Colegiado. De ahí que MUCD no plantee su masificación o la búsqueda de la jurisprudencia. Sin embargo, son un paso histórico en el entendimiento del fenómeno drogas por parte del poder judicial y una oportunidad única para abogar nuevamente por el fin de la guerra y la reorientación de los recursos públicos hacia la prevención y sanción de los delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la violación y la extorsión.
