El PAN sigue atrapado en su propio laberinto. Por un lado, primero, emitió un comunicado tan tibio que casi parece un soplo al aire: aplaudió que el gobernador Alejandro Armenta Mier pidiera al Congreso estatal organizar foros para analizar las reformas al Código Penal, mejor conocidas como la Ley de Ciberseguridad.
Insistamos: fue un comunicado insípido.
Apenas dos días después, la diputada Susana Riestra Piña —hermana del dirigente estatal del PAN, Mario Riestra— anunció que su partido presentaría una acción de inconstitucionalidad contra esa misma norma, particularmente contra el artículo 480, que tipifica el delito de ciberacoso en Puebla. Eso sí, este súbito arranque vino luego de que el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, fijara una posición en contra de la polémica Ley de Ciberseguridad.
Le corrigieron la plana, pues.
Por si faltara drama, el domingo pasado El Heraldo de México reveló que un analista llamado Alberto Rangel acusó a Mario Riestra de financiar granjas de bots para atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alejandro Armenta. El analista de mega datos soltó la bomba:
«El dirigente del PAN está detrás de estos ataques. En fechas recientes, el gobierno de Claudia Sheinbaum detectó una granja de bots que —según datos oficiales— es financiada por la dirigencia del PAN en el estado de Puebla, encabezada por Mario Riestra Piña, para sumarse a la campaña de desprestigio contra el gobierno de la República y el de Puebla».
Rangel agregó que la actividad de estos bots y otros perfiles en X (antes Twitter) aumentó exponencialmente en marzo pasado, cuando fueron descubiertos restos humanos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. El propósito habría sido tergiversar la información y enturbiar la conversación para desprestigiar a la mandataria y a su administración. “Y más recientemente —dijo—, esta actividad se intensificó para golpear al gobernador Alejandro Armenta por la Ley de Ciberacoso que entró en vigor en Puebla”.
Hasta aquí la cita de la noticia.
Obviamente, Riestra Piña negó todas las acusaciones.
Lo curioso es que, en noviembre pasado, cuando la Ley de Ciberseguridad llegó al Pleno del Congreso estatal, fueron 36 los diputados que la apoyaron, incluidos tres panistas. Ahora, tras la presión, hacen malabares para desmarcarse.
Así, este episodio evidencia una vez más a un PAN tibio, blandengue e incongruente, que no sabe enfrentarse al poder, que prefiere darle palmadas al gobernador antes que rozarlo siquiera con el pétalo de una crítica… y que solo saca las garras cuando se siente acorralado. Si la acusación de operar granjas de bots y cuentas anónimas para difamar resultara cierta —no nos consta, claro—, sería la lápida para un partido que va cuesta abajo.
Mientras los panistas quedan atrapados en su propio laberinto de contradicciones, para la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Laura Artemisa García Chávez, los astros parecen alinearse. Logró plantear a los integrantes de Coparmex Puebla la necesidad de perfeccionar las recientes reformas al Código Penal, y aclaró que la Ley de Ciberseguridad no es para censurar ni para blindar a funcionarios o políticos.
Además, alcanzó un acuerdo con Beatriz Camacho, líder de Coparmex Puebla, para instalar mesas de trabajo entre legisladores y empresarios locales.
Qué bien le hace a Coparmex Puebla haberse sacudido de encima las ataduras ideológicas del panismo.
Al final del encuentro, Bety Camacho reconoció que esta era la primera vez que se alcanzaba un acercamiento tan franco entre empresarios y legisladores, donde todas las ideas, por disímbolas que sean, encuentran un camino para arribar a buen puerto.
