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De 6 a 12 años de cárcel a quien robe celulares, laptops o tabletas electrónicas, así como 5 y hasta 13 años para quien los venda o compre, buscan imponer diputados de Puebla.
En el Congreso local se propuso este lunes una serie de reformas al Código Penal del estado para establecer penas específicas al robo de dispositivos electrónicos, pues se calcula que al día se roban 200 teléfonos solo en la capital del estado.
La intención es agregar la Sección Primera Bis, que llevaría por nombre “Robo de telefonía móvil o dispositivos tecnológicos” y estaría conformada por cuatro artículos.
En el 389 Bis se establecerían, además de las penas de cárcel, multas de 50 mil 694 a 168 mil 980 pesos por el robo de los aparatos.
El texto quedaría así: “se impondrá sanción de seis a doce años de prisión y multa de seiscientos a dos mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien sustraiga, arrebate, despoje o prive a un transeúnte o a un usuario sin su consentimiento de su dispositivo tecnológico, tal como teléfonos celulares, computadoras portátiles o tabletas electrónicas.
Se impondrá la sanción establecida en el párrafo anterior, a quien desarme, desbloquee, libere, altere o trasplante los números originales de identificación de los teléfonos móviles sustraídos”.
El artículo 389 Ter fijaría también prisión y multas de 12 mil 673.5 a 16 mil 898 pesos para quien extraiga información personal de los aparatos y la utilice o difunda.
“Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por el monto de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien se extraiga, difunda o utilice la información personal, financiera o biométrica contenida en el teléfono móvil o dispositivo tecnológico objeto del delito”, dice la iniciativa de ley.
13 años de cárcel por comprar robado
A quienes vendan o compren los dispositivos robados se pretende imponer de 5 años y cuatro meses a 13 años y cuatro meses de prisión y multas de 16 mil 898 a 22 mil 530.6 pesos.
El artículo 389 Quáter, diría: “se le incrementará en un tercio la pena prevista en el artículo 389 Ter del presente Código, a quien se dedique en forma habitual a la compra-venta de teléfonos móviles o dispositivos tecnológicos objeto de la sustracción, arrebato, despojo o privación.
También se le cancelará definitivamente la licencia o permiso del local o establecimiento donde los comercialice.
La propuesta también contempla castigar con inhabilitaciones a los servidores públicos que permitan la venta de dispositivos en la vía pública.
“Se inhabilitará hasta por diez años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que otorgue autorización o permita por acción u omisión la comercialización de dispositivos tecnológicos, tal como teléfonos celulares, laptops, computadoras o tabletas electrónicas, en espacios públicos abiertos”, indica el artículo 389 Quinquíes.
La iniciativa de ley fue presentada en la sesión ordinaria del pleno por la diputada del PES Mónica Lara Chávez, y se remitió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.
