Ahora que ha caído «El Mencho» y que en el país impera la incertidumbre sobre quién o quiénes heredarán el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —o si se consolidarán liderazgos regionales en distintas entidades—, resulta necesario revisar cómo se posiciona Puebla ante este escenario.
Hablar de la llegada del CJNG a la entidad exige distinguir tres momentos clave: presencia inicial, incursión visible y consolidación regional. Mezclarlos conduce, inevitablemente, a errores de interpretación.
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Presencia temprana (2011–2012)
Registros citados por proyectos como NarcoData y el Mexico Violence Resource Project ubican actividad del CJNG en Puebla desde el periodo 2011–2012. En ese momento no se trataba de un control territorial abierto, sino de una presencia operativa vinculada a rutas logísticas y economías ilícitas preexistentes.
El contexto político marcaba el inicio del gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas (2011–2017). En ese entonces, la entidad atravesaba un crecimiento sostenido del robo de hidrocarburo, particularmente en el corredor que más tarde sería bautizado como el «Triángulo Rojo».
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Disputa abierta (2016–2018)
El punto de quiebre se sitúa entre 2016 y 2017. Durante esos años se intensificó la violencia en municipios estratégicos como Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo, zonas vitales por el paso de ductos de Pemex y su conectividad regional.
En 2017 comenzaron a aparecer mensajes firmados por el CJNG en la zona metropolitana de Puebla. Aquello marcó una declaración pública de guerra y una disputa directa contra remanentes de Los Zetas y bandas locales dedicadas al huachicol. El debilitamiento de liderazgos regionales y la fragmentación de grupos previos generaron el vacío que facilitó la expansión de nuevas células.
Es importante precisar que este recuento no implica una acusación contra los mandatarios de la época (Moreno Valle y, a partir de febrero de 2017, Antonio Gali Fayad, y posterior los minimandatos –de Rodríguez Almeida hasta Sergio Salomón Céspedes, el crimen organizado aprovechó el vacío de poder–), pues no existen elementos públicos que los vinculen con complicidades. Se trata de ubicar el contexto político: aunque hubo detenciones de funcionarios de seguridad por presuntos nexos delictivos, no existen señalamientos formales contra los entonces gobernadores.
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Expansión y diversificación (2019–2022)
Superada la fase de irrupción violenta, la operación criminal se diversificó. Además del robo de hidrocarburo, se consolidaron actividades como:
- Narcomenudeo en zonas urbanas.
- Robo de gas LP (Huachigas).
- Extorsión a comercios y robo de transporte de carga.
- Disputa de mercados locales.
Municipios como Puebla capital, San Martín Texmelucan, Amozoc y Huejotzingo se convirtieron en puntos estratégicos por su densidad poblacional y actividad comercial. Texmelucan, en particular, mantuvo su relevancia como corredor logístico por la autopista México–Puebla.
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Reconfiguración reciente (2023–2026)
Entre 2023 y 2026, reportes de seguridad han identificado la operación de células vinculadas al CJNG, destacando la «Operativa Barredora» como su brazo más visible en la zona metropolitana. Las autoridades estatales han reconocido esta presencia y advertido sobre investigaciones por posible infiltración o cooptación de corporaciones locales.
La distribución territorial actual muestra distintos niveles de influencia:
- Triángulo Rojo: Persistencia de economías ligadas al hidrocarburo.
- Zona Metropolitana: Narcomenudeo y extorsión en corredores comerciales (Puebla y las Cholulas).
- Corredor México–Puebla: Robo de carga y gas LP.
- Vía Corta a Tlaxcala: Delitos de alto impacto y tránsito regional.
- Nodos interestatales: Conexiones estratégicas hacia Veracruz y Guerrero.
Una lectura estructural
La expansión del CJNG en Puebla no fue un evento súbito, sino un proceso gradual de cuatro etapas: logística (2011), disputa (2016), diversificación (2019) y reconfiguración operativa (2023–2026). El denominador común ha sido el aprovechamiento de los corredores económicos: ductos, autopistas y mercados urbanos.
¿Hacia dónde vamos?
Pretender anticipar el desenlace sería caer en la soberbia del análisis superficial. El crimen organizado no opera con calendarios electorales, sino con lógica económica y oportunista.
Lo que sí sabemos es que cada vacío de poder genera un reacomodo. La clave no está en observar solo a los sicarios, sino a las cadenas económicas: lavadores de dinero, constructoras, joyerías y empresas mineras. Solemos ver a los generadores de violencia de botas y grandes hebillas, pero olvidamos que detrás hay contadores, personajes de traje y corbata, e incluso modelos de Instagram. No descartemos personajes con fuero político; esa es otra historia, pero el día que esos últimos caigan, los que hoy vemos en las calles se quedarán sin protección.
