PUEBLA, Pue.- Ante la responsabilidad que tienen los partidos políticos en la selección de quienes aspiran a cargos de elección popular, el gobernador Alejandro Armenta Mier llamó a revisar con rigor sus perfiles y antecedentes, a fin de evitar que personas con posibles vínculos delictivos o conductas de corrupción lleguen al ejercicio del poder.
«Lo primero que tiene que hacer un gobernante y lo digo a título personal es honrar la oportunidad que nos dan los ciudadanos», expresó. Señaló que, si bien la ley protege los derechos político-electorales, la fama pública también debe ser un referente para los partidos, pues existen regiones de Puebla donde grupos delictivos han permeado en algunos ayuntamientos.
El ejecutivo estatal lamentó que en años recientes haya sido necesaria la instalación de cinco consejos municipales ante presuntas actividades delictivas detectadas por las autoridades, situación que afecta de manera directa a la población.
«No es por ningún motivo aceptable que los ayuntamientos se conviertan en áreas donde se desmantelan autos que se roban en las carreteras, o que en los ayuntamientos se cierren los ojos, en algunos casos, donde se realizan actividades delictivas de narcomenudeo o de otro tipo de actividades ilícitas, o se tolere a los grupos delictivos, a la delincuencia organizada«, enfatizó.
Armenta Mier sostuvo que el Gobierno del Estado mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y a las actividades delictivas. Precisó que, con respeto a la autonomía municipal, el Estado atiende los procedimientos y órdenes de la Fiscalía y del Poder Judicial, tanto federal como estatal, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Marina, según corresponda. «La omisión es complicidad. La omisión es encubrimiento, y el encubrimiento reiterado es complicidad. No se priva a nadie del ejercicio de sus derechos constitucionales», indicó.
El gobernador señaló que el exhorto también comprende conductas de corrupción, pues quienes reciben recursos públicos deben responder ante las instancias fiscalizadoras.
Finalmente, afirmó que el Gobierno del Estado dará a conocer a la opinión pública y a los dirigentes partidistas cualquier situación que represente un riesgo, a fin de que exista corresponsabilidad en la protección de la sociedad y de las instituciones.
