Ayer inició la consulta ciudadana sobre el aeropuerto convocada por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. Dicha consulta durará hasta el próximo domingo en 538 municipios de las 32 entidades del país, en donde se instalaron 73 mesas de votación y se imprimieron alrededor de 1 millón de boletas, que representan alrededor del 1% del padrón electoral de nuestro país.
Más allá de las cuestiones técnicas sobre la viabilidad, los riesgos y los costos, que con la consulta pasaron a segundo plano, queda la pregunta sobre si los resultados de la consulta son vinculantes, es decir, si el resultado realmente determinará si permanece o no el proyecto de Texcoco.
La respuesta sobre los efectos de la consulta es algo truculenta, ya que en términos jurídicos no es vinculante, pero, por lo que sabemos, que es lo que ha dicho el presidente electo, sí lo será en términos de decisión política. Por lo tanto, el resultado que derive de este ejercicio, con todo y las inconsistencias reportadas por distintos medios, derivará en una postura del nuevo gobierno.
Tal y como señaló José Woldenberg en su columna del pasado martes en El Universal, la consulta como tal es legal en la medida que es organizada por particulares, es decir, es como cualquier sondeo de opinión, ya que recordemos, AMLO todavía no es gobierno.
Sin embargo, para Woldenberg, sí hay problemas en la consulta, justo porque este grupo de particulares se va a volver gobierno en 5 semanas, por tanto es una señal negativa que no respeten el orden constitucional.
“Se puede convertir en un precedente ominoso. Una fórmula “alegal”, diseñada a voluntad de los convocantes, sin garantías de integridad, equidad, transparencia. Solemos despreciar las formas. Más aún las formas legales.
Pero es necesario insistir en que la –por muchos momentos– tensa relación entre ciudadanos y autoridades, solo las normas legales pueden proteger al débil frente al fuerte, al gobernado frente al gobernante, al ciudadano frente al funcionario. Y hacerlas a un lado, como si no existieran, no puede presagiar nada bueno. Ojalá rectificaran”, señaló Woldenberg en su columna.
La decisión no está en la consulta misma, ya que jurídicamente no es vinculante, sino en el resultado de esta, que vincula hacia lo político. En ese sentido, la cancelación o la permanencia del aeropuerto de Texcoco no estará dada a partir de un proceso democrático con sustento legal, sino en un ejercicio de carácter meramente político que le permitirá a López Obrador, como Pilatos, decir que su decisión es la voluntad del “Pueblo”, tal como señaló Jesús Silva-Herzog Márquez en su columna del pasado lunes publicada en Reforma.
“Es una consulta de Pilatos: una estrategia para burlar la responsabilidad de gobierno. El Presidente electo pretende decir que la decisión no la tomará él. Tras anunciarse el resultado, levantará las manos al aire como un hombre desarmado y dirá: el pueblo ha hablado, acataré su voluntad. No se hable más, el pueblo ha decidido. Se intenta hacer del pueblo el escudo que protege al gobernante de la crítica, un aceite para que la responsabilidad ineludible se le resbale del cuerpo”, apunta Silva-Herzog Márquez.
Si se quisiera seguir un marco legal para la consulta, que existe, el gobierno tendría que acatar lo establecido en el Artículo 35 constitucional, que prevé todo un procedimiento jurídico e institucional para la realización de este tipo de ejercicios de democracia participativa. Dicho artículo señala que para que una consulta, referéndum o plebiscito sea vinculatorio no solo tiene que ser realizada por los organismos electorales, en este caso el INE, sino que también tiene que representar por lo menos al 40% de la lista nominal de electores.
Con información de El Universal
