Antonia Laborde | El País
La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles un cambio normativo que permitirá a los agentes fronterizos detener de forma indefinida a familias inmigrantes sin papeles, anulando de esta forma el acuerdo que obliga a que los menores retenidos queden libres a los 20 días. El secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, ha dicho en una rueda de prensa que las nuevas reglas terminarán con la idea de que los niños son “el pasaporte para entrar a Estados Unidos”. La reforma debería entrar en vigor dentro de dos meses, pero es probable que se enfrente a una batalla judicial que termine en los tribunales federales para impedir su implementación.
En ocasiones anteriores Trump ya ha perdido la batalla de detener a los menores de manera indefinida. La aspiración del republicano en su ofensiva antiinmigratoria es anular una sentencia judicial de 1997, conocida como el acuerdo Flores, que estableció que el Gobierno federal no tiene derecho a retener más de 20 días a niños migrantes arrestados, y que exige que se dé prioridad a ponerlos bajo custodia de un familiar o tutor legal. La actual Administración considera que esta orden es la detonante de la ola de familias migrantes que han decidido cruzar la frontera estadounidense.
McAleenan ha anunciado este miércoles que las familias detenidas serán trasladadas a centros donde se garantizará que todos los niños sean tratados “con dignidad y respeto”. Los grupos familiares serán retenidos en recintos distintos de otros inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera. Además, contarán con un espacio educativo, otro que ofrecerá servicios médicos, tres comidas calientes al día e instalaciones recreativas. «El cambio de reglas permite al Departamento de Seguridad Nacional encarcelar a niños y familias indefinidamente, en instalaciones donde existen antecedentes demostrados que los pone directamente en peligro. La norma debe ser revocada de inmediato», afirmó Vanita Gupta, presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos.
Desde el pasado octubre, más de 432.000 miembros de unidades familiares han sido detenidos, un aumento del 456% respecto al mismo período del año anterior, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La última ola migratoria ha estado liderada por centroamericanos y mexicanos en busca de asilo. Más de 6.000 migrantes se presentaron de manera fraudulenta como miembros de una unidad familiar, según el Departamento de Seguridad Nacional. Para evitar esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha dos planes piloto que permiten hacer pruebas de ADN en la frontera para comprobar que los grupos que llegan están realmente emparentados.
La última ola migratoria ha estado liderada por ciudadanos del denominado Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) y mexicanos que suelen escapar de la violencia en sus países en busca de asilo. Entre 2012 y 2017, la tasa de rechazo de peticiones de asilo a salvadoreños fue del 79,2%, prácticamente igual a la de hondureños y guatemaltecos, según cifras oficiales obtenidas por investigadores de la Universidad de Syracuse.
El secretario de Seguridad Nacional en funciones estimó que las familias estarán un promedio de 50 días detenidas, pero en la práctica esto se puede alargar. Actualmente hay cerca de 900.000 casos atascados en los juzgados de inmigración -casi el doble que hace tres años- a la espera de ser resueltos. Pueden tardar meses o incluso años hasta que un tribunal estudie un caso. Los conservadores se quejan de que el colapso del sistema se debe a que está construido sobre «leyes débiles» que permiten que muchos inmigrantes no se presenten a su cita con el juez.
Con esta nueva normativa miles de familias no esperarán por su turno en libertad, sino que lo harán en un centro de detención. McAleenan dijo que a partir de este jueves ya habrá disponibles tres espacios que pueden albergar a cerca de 3.000 personas. “Participarán de un proceso justo, pero expedito”, sostuvo el funcionario. Agregó que los funcionarios de Seguridad Nacional con el nuevo poder de “deportación acelerada” podrán enviar de regreso a los inmigrantes más rápido que los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia. Con esto, el Gobierno espera que disminuya el número de entradas ilegales y, de lo contrario, “garantice la deportación inmediata de los extranjeros detenidos en EE UU».
La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) ha dicho en reiteradas ocasiones que las detenciones en estos centros no son adecuadas para los menores, ya que la experiencia puede ser traumática y tener efectos negativos a largo plazo. Hace poco más de un año este diagnóstico se puso en el centro de la mesa cuando la Administración Trump implementó la política de “tolerancia cero”, que separaba a los niños de sus padres sin papeles al cruzar la frontera del país. “Estados Unidos no será un campo de migrantes, no será un centro de acogida de refugiados. No bajo mi mando”, advirtió el mandatario entonces. El alud de críticas que despertó la iniciativa provocó que Trump echara pie atrás a las pocas semanas.
Cuando Trump firmó la orden ejecutiva que puso fin a la separación de padres e hijos inmigrantes tras su detención, el Departamento de Justicia solicitó la suspensión del acuerdo Flores, argumentando que si no, no hubiese límite de tiempo para custodiar a los menores, sería más mantenerlos juntos durante los procesos penales. La juez Dolly Gee, de la corte federal de Los Ángeles, ratificó la sentencia judicial de 1997, que establece que el Gobierno no tiene derecho a retener bajo su custodia más de 20 días a niños migrantes arrestados.
