¿Cómo están adentro? Carencias y oportunidades del sistema penitenciario de Puebla

Staff 360°

La cárcel juega un papel extraño en la sociedad: interesa mucho como ficción, pero muy poco como realidad. En México, pero especialmente en nuestro estado, el tema penitenciario es un problema que se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Revista 360° – Instrucciones para vivir en Puebla platicó con Rubén Darío Corona Torres, abogado penalista poblano y especialista en el tema, quien nos aclaró por qué es tan importante que el próximo gobierno ponga manos a la obra en el sistema penitenciario de nuestro estado.

El estado de la cuestión

Si empezamos por una visión global, México no cuenta en la actualidad con un problema de sobrepoblación penitenciaria, pues tiene aproximadamente un 94% de ocupación en este rubro. A nivel regional nos superan las naciones de Centroamérica, salvo Belice, que tiene un 85% de ocupación. Ahora bien, a nivel nacional Puebla se encuentra en el lugar 21 de 32 entidades, lo que la posiciona en el último tercio de las entidades peor calificadas del ranking nacional, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿Qué aspectos se toman en cuenta?

Son cinco los rubros que mide la CNDH para hacer su evaluación: aspectos que garantizan la integridad personal del interno; aspectos que garantizan la estancia digna dentro de los centros penitenciarios; condiciones de gobernabilidad; reinserción social y, finalmente, grupos de internos que requieren de una atención prioritaria porque son considerados vulnerables. De estos, el estado de Puebla tiene una calificación regular en tres aspectos: condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y atención de internos con requerimientos específicos (vulnerables), en los demás está reprobado.   

Lo malo: así en Cholula como en Tehuacán

Cuando lo vemos en una perspectiva más analítica, hay varios focos rojos muy importantes: San Pedro Cholula, Acatlán de Osorio, Huauchinango, Tecamachalco, Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla y Zacatlán, de los cuales los 5 últimos no cumplen, en la actualidad, el objetivo constitucional de la reinserción social de los internos según la evaluación de la CNDH; Tecamachalco, por sí solo, está reprobado en todos los rubros. Por otro lado, de 12 centros penitenciarios evaluados durante el 2018, 7 no garantizan una estancia digna, y 4 de ellos no cuentan con condiciones de gobernabilidad.

En Puebla también hay tela de dónde cortar

Hay un dato muy curioso en todo esto: el centro penitenciario de Puebla aparece regular en todas las categorías de la evaluación, excepto en el rubro de aspectos que garantizan la integridad personal del interno. Si bien es cierto ha disminuido su sobrepoblación, con respecto al año anterior, en la evaluación de 2018 se detectó sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias en la alimentación, condiciones de autogobierno/cogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos.

De mal en peor y anexas

Hoy en día el panorama para Puebla está en descenso: desde el 2011 no alcanza la calificación de siete y año con año ha ido empeorando; en 2018 alcanzó la calificación de 6.05, la más baja desde hace 8 años. Si consideramos el último diagnóstico nacional del sistema penitenciario a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 12 Centros evaluados, 7 de ellos tienen graves problemas. Finalmente se trata de centros donde el interno debe vivir el proceso adecuado para reinsertarse en la sociedad, pero si estos lugares no cuentan con las condiciones debidas, el individuo saldrá con mucho resentimiento y, desde luego, a volver a delinquir.

No es una enfermedad, sino un problema social

Hoy día, por mandato constitucional, más que readaptar a una persona se le debe resocializar o reinsertar en la sociedad. Para ello, y por recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se requieren estudios de personalidad, pues la delincuencia no es un problema individual, sino social; se ha abandonado la idea del delincuente como un enfermo, es un integrante de la sociedad, y el Estado debe estar al pendiente de ese proceso de reinserción para que, cuando salga, pueda reincorporarse. ¿Qué se debe hacer? Invertir en infraestructura penitenciaria, homologar y mejorar la normatividad, formar capacitar y actualizar a los recursos humanos necesarios que garanticen una reinserción social efectiva, invertir en salud dentro de las penitenciarías, transitar de un sistema progresivo técnico a un sistema de individualización científica, que tenga como eje rector del objetivo constitucional de reinserción social, el plan de actividades laborales, de capacitación, educación, salud y deporte y, por supuesto, vigilar la gobernabilidad, contrarrestando el autogobierno y el cogobierno.

De dineros extraviados y nuevos gobiernos

Es fundamental que el gobierno estatal entrante involucre a la sociedad en los temas relacionados con la ejecución de la pena, porque es uno de los sectores del derecho penal que está más desconocida por la gente. No les importa y no saben si los delincuentes están bien o mal y es entendible, porque la población está resentida con el delincuente. Ya hay una regulación en la ley nacional de ejecución penal para que se creen organismos de la sociedad civil que vigilen los derechos humanos de los internos para que se fiscalice el dinero que se utiliza en los centros penitenciarios, porque es sabido y tenemos conocimiento de que buena parte del dinero que se va a los centros penitenciarios no está siendo optimizado y desgraciadamente, en algunos casos puede ser desviado para otros fines y con ello generar mucho más caldo de cultivo para la delincuencia.

La urgente transformación penitenciaria en Puebla

Es necesario transitar en Puebla de un sistema progresivo técnico a un sistema de individualización científica, en donde los antiguos criterios de clasificación penitenciaria sean replanteados y ajustados a las nuevas tendencias del estado social y democrático de derecho. Ello implica un reajuste de la política penitenciaria estatal a los requerimientos de la política criminal planteada por el actual gobierno federal, para que el poder judicial cumpla de mejor manera su función de imponer y vigilar el cumplimiento de las penas de conformidad con los objetivos de reinserción social, procurando en todo momento que el interno no vuelva a reincidir cuando logre su libertad.