Rafael Z., empresario farmacéutico de origen español que acumuló contratos millonarios con las administraciones de Melquiades Morales y Mario Marín, fue detenido la madrugada de este martes en Residencial Santa Fe, señalado como el responsable de al menos 12 ataques con arma de fuego contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl.
La madrugada de este martes, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Marina y la Defensa, cumplimentaron una orden de aprehensión en el fraccionamiento Residencial Santa Fe, frente al desarrollo La Vista, en San Andrés Cholula.
El detenido, identificado como Rafael Z., de 67 años de edad y nacionalidad española, es señalado como el presunto tirador de la Atlixcáyotl.
🚨🚨 La madrugada de este martes, alrededor de las 04:00 horas, se registró una balacera al interior del Residencial Santa Fe derivado de la detención del Rafael Z., presunto tirador de la Atlixcáyotl pic.twitter.com/uKRrPaSulK
— Revista 360 Grados (@revista360) July 14, 2026
El operativo no fue terso. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre recibió a balazos a los agentes ministeriales y elementos de la Marina que ingresaron al inmueble, donde se encontraba con su familia, lo que derivó en un intercambio de disparos.
Su captura quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones a las 04:40 horas. De forma paralela, la Fiscalía realizó un segundo cateo en un inmueble de la colonia Benito Juárez, en la 27 Sur entre 29 y 31 Poniente, en la capital poblana, sin que hasta el momento se haya informado si ambas diligencias están vinculadas.
La FGE no ha confirmado oficialmente la identidad del detenido ni los delitos que le serán imputados, por lo que su situación jurídica deberá definirse en las próximas horas.
La Atlixcáyotl, en la mira del tirador
Desde enero de 2026, la zona Atlixcáyotl–Angelópolis acumuló al menos 12 ataques con proyectiles contra vehículos en circulación, cometidos principalmente de madrugada.
El caso más grave ocurrió el 12 de enero, cuando un menor de edad resultó herido en la mandíbula por un disparo mientras viajaba con su madre en la zona de Camino Real a Cholula y Periférico Ecológico.
A ese hecho siguieron impactos contra un camión de la Línea Oro, un motociclista lesionado a la altura de la avenida Las Torres y vehículos baleados cerca de Osa Mayor, el Hotel Camino Real, el Tec de Monterrey, el bulevar del Niño Poblano, Plaza Solesta y Bosques de Angelópolis.
Las autoridades establecieron que los primeros ataques se cometieron con balines y los más recientes con un arma calibre .9 milímetros.
El 8 de julio, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, confirmó que el presunto tirador de la Atlxcáyotl ya estaba identificado y que, conforme a los datos de inteligencia reunidos, todos los ataques habrían sido obra de una sola persona.
Hasta el 21 de junio, la fiscal Idamis Pastor Betancourt contabilizaba siete carpetas de investigación: seis por daño en propiedad ajena y una por lesiones.
El proveedor consentido
Pero el perfil del detenido va mucho más allá de la nota roja. El nombre de Rafael Z., aparece en los archivos periodísticos de Puebla desde hace más de tres lustros, identificado como uno de los proveedores favoritos del sector salud durante los gobiernos priistas de Melquiades Morales y, sobre todo, de Mario Marín Torres.
Columnas publicadas entre 2010 y 2013 —en particular las del periodista Rodolfo Ruiz— documentaron que la Secretaría de Salud estatal, entonces encabezada por José Alfredo Arango García, adjudicó de manera directa más de 94 millones de pesos en contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico a empresas de nueva creación representadas por el empresario español, detenido esta madrugada.
Los recursos, provenientes del extinto Seguro Popular, nunca se licitaron públicamente a nivel nacional: se repartieron mediante un concurso por invitación entre siete empresas vinculadas al mismo proveedor.
Rafael Z., ha sido señalado, además, como socio de Arango García, el exsecretario de Salud marinista que en 2013 fue detenido y procesado por presunto enriquecimiento inexplicable.
Cuando el marinismo terminó, el negocio simplemente cambió de plaza. En 2013, la empresa Biotecnología CADO SA de CV —de la que el presunto tirador de la Atlixcáyotl era principal accionista y representante legal— ganó un contrato por 26.2 millones de pesos en Veracruz, en la licitación pública internacional LPI-103T00000-003-12, un proceso en el que, según las investigaciones periodísticas de la época, participaron tres empresas: la suya y otras dos cuyos socios eran presuntos empleados o prestanombres del propio empresario.
De las farmacias, a las gasolineras y la academia
Con los años, el empresario español, hoy detenido, diversificó sus intereses. El periodista Erick Becerra lo identifica como propietario del Grupo Emprendedor Gasolinero, con lo que el exproveedor de medicamentos incursionó en el sector energético.
En su faceta más reciente, el empresario cultivó un perfil de innovador científico: aparece como director de OWL Metabolomics México, firma dedicada al diagnóstico mediante biomarcadores, y como representante de ITEBIO A.C., asociación civil con 18 años de operación enfocada en proyectos hídricos y ambientales en Puebla y Tlaxcala.
Apenas en abril de este año, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla difundió la firma de un convenio entre su rector, Raymundo Atanacio Luna, y Rafael Z., a través de ITEBIO. Es decir: hasta hace tres meses, el hoy detenido operaba públicamente con instituciones educativas del estado.
Un antecedente que hoy cobra otra dimensión
Tras conocerse la detención, Becerra recordó que el empresario fue relacionado anteriormente con un ataque a tiros contra la tienda Telcel de Plaza Vía San Ángel, sobre la propia Vía Atlixcáyotl.
Aquel hecho ocurrió la noche del 19 de septiembre de 2023: los disparos estrellaron los cristales del establecimiento y la Policía Municipal de San Andrés Cholula lo archivó como una “bala perdida”, pese a que en ese punto suele concentrarse gente esperando el transporte público.
El señalamiento —que hasta ahora es una versión periodística y no una imputación de la Fiscalía— abre una pregunta incómoda: cuántos incidentes con proyectiles registrados en el corredor Atlixcáyotl–Angelópolis desde 2022, archivados en su momento como hechos aislados, podrían formar parte del mismo patrón que las autoridades apenas conectaron en 2026.
Será el proceso judicial el que determine la responsabilidad del detenido. Pero su expediente público —el del proveedor que floreció al amparo de las adjudicaciones directas del marinismo y terminó capturado a tiros en uno de los residenciales más exclusivos de la Angelópolis— ya cuenta, por sí solo, una historia sobre el poder, el dinero y la impunidad en Puebla.
