En México, alrededor de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes usuarios de internet, de entre 12 y 17 años, sufrieron abuso o explotación sexual facilitada por tecnología en un periodo de un año, de acuerdo con el informe Disrupting Harm in Mexico, elaborado por ECPAT International, INTERPOL y UNICEF Innocenti.
El estudio, publicado en 2026, se basa en investigación realizada en México entre 2023 y 2024. La encuesta nacional a adolescentes usuarios de internet fue recopilada en 2024 y revela que 13 % de esta población sufrió alguna forma de violencia sexual facilitada por tecnología.
La importancia del informe radica en que documenta con datos una realidad que suele permanecer oculta: la violencia sexual contra menores no ocurre sólo en espacios físicos ni únicamente por parte de desconocidos. También se presenta en redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos, escuelas, hogares y relaciones de confianza.
De acuerdo con el documento, la forma más común de abuso fue la exposición no deseada a imágenes sexuales, reportada por el 7 % de las víctimas. Además, casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes afectados —47 %— sufrió al menos dos formas de abuso o explotación, cometidas por una misma persona agresora o por diferentes perpetradores.
Las plataformas más mencionadas por las víctimas fueron Facebook, WhatsApp e Instagram, todas propiedad de Meta. El informe señala que 52 % de los incidentes ocurrió en Facebook, 45 % en WhatsApp y 11 % en Instagram. También se registraron casos en TikTok, YouTube, Snapchat y plataformas de juegos en línea como Roblox, así como videojuegos como Fortnite y FIFA.
Uno de los hallazgos más delicados es que la mayoría de las personas agresoras no eran desconocidas. En 64 % de los casos, las víctimas ya conocían a quien cometió el abuso: amistades, parejas, familiares u otras personas cercanas. Sólo en 15 % de los casos se trató de alguien desconocido antes del incidente.
El primer contacto entre víctima y agresor ocurrió principalmente en la escuela, con 39 % de los casos; después en internet, con 31 %; en espacios públicos, con 16 %; en el hogar, con 11%; y durante actividades deportivas, con 2 %.
El informe también describe una dinámica de manipulación progresiva. Las personas agresoras suelen comenzar con solicitudes de fotografías no sexuales y después escalan hacia imágenes o contenidos sexualizados, mediante presión, engaños, amenazas o chantaje.
El impacto en las víctimas es severo. Las niñas, niños y adolescentes que sufrieron abuso o explotación sexual facilitada por tecnología presentaron 15 veces más probabilidades de autolesionarse y 12 veces más probabilidades de tener pensamientos o comportamientos suicidas, en comparación con quienes no habían sufrido este tipo de violencia.
Pese a la gravedad del problema, la denuncia sigue siendo mínima. El 32 % de las víctimas no habló con nadie sobre lo ocurrido. Menos del 1 % de los incidentes registrados en la encuesta fue denunciado específicamente ante la policía, y sólo el 2 % fue reportado a una línea de ayuda, a autoridades policiales o a trabajadoras y trabajadores sociales.
Entre las razones para no denunciar, el informe identifica la falta de información sobre cómo hacerlo, amenazas de la persona agresora, vergüenza, miedo a ser culpabilizados y la percepción de que lo ocurrido no era suficientemente grave.
El documento también advierte vacíos legales en México. Aunque reconoce avances en la legislación federal, señala que nuevas formas de abuso, como la extorsión sexual digital, no están tipificadas de manera explícita. También indica que el acceso deliberado a materiales de abuso sexual infantil, sin intención de compartirlos, no está plenamente sancionado.
Otro punto crítico es la responsabilidad de las plataformas digitales. El informe señala que, bajo la legislación federal mexicana, las plataformas en línea no pueden ser consideradas responsables por materiales de abuso sexual infantil publicados por sus usuarios, lo que reduce incentivos jurídicos para detectarlos, denunciarlos o retirarlos de manera proactiva.
ECPAT, INTERPOL y UNICEF Innocenti plantean que la respuesta no puede recaer sólo en niñas, niños y adolescentes ni limitarse al cuidado familiar. El problema requiere una respuesta coordinada de escuelas, autoridades, fiscalías, policías, servicios de atención, sistema judicial, legisladores y empresas tecnológicas.
Entre sus recomendaciones, el informe propone fortalecer la educación sexual integral, incluir contenidos sobre consentimiento, relaciones sanas, autonomía corporal y riesgos digitales; crear campañas nacionales sobre rutas de denuncia; capacitar a personal de primera línea; mejorar la atención psicológica; evitar la revictimización en procesos judiciales; y exigir a las plataformas medidas de seguridad desde el diseño.
El informe forma parte de la iniciativa global Disrupting Harm, lanzada en 2019 para comprender cómo la tecnología ha facilitado el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Para 2026, el proyecto había entregado datos en 25 países de seis regiones del mundo.
La advertencia central del documento es clara: el problema no es que niñas, niños y adolescentes usen internet, sino que México todavía no cuenta con una respuesta institucional, legal, educativa y tecnológica proporcional al tamaño del daño.
Fuente: Informe Disrupting Harm in Mexico: Evidencia sobre el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes facilitados por la tecnología, elaborado por ECPAT International, INTERPOL y UNICEF Innocenti, publicado por UNICEF México en 2026.
