Alejandro Armenta Mier cantó el tiro derecho respecto a la seguridad, con una frase que compromete: en Puebla, dijo el gobernador, no hay omisión, complicidad ni impunidad.
Esa frase que dijo el mandatario frente a un numeroso grupo de empresarios pesa más que cualquier porcentaje. Sin embargo, muchos analistas solo se fueron con la fotografía del momento sin entrar en detalles.
Porque decir que no hay complicidad ni impunidad es una vara alta. Es una firma notarial frente a la ciudadanía. Si no hay complicidad, entonces cada policía municipal coludido deberá caer. Si no hay impunidad, entonces cada detenido deberá enfrentar un proceso sólido, no sólo la fotografía esposado. Si no hay omisión, entonces ningún alcalde podrá voltear hacia otro lado mientras en su municipio crecen los delitos como la humedad en una pared vieja.
El gobierno estatal presumió una reducción de 2.1 por ciento en 17 delitos de alto impacto durante el primer cuatrimestre de 2026, comparado con el mismo periodo de 2025. El dato sirve. No es menor.
La administración también reporta más de 9 mil presuntos delincuentes detenidos. En un mensaje que dirigió el jueves pasado, frente a líderes empresariales, el mandatario destacó la detención de integrantes del grupo de «El Bukanas», cuyo nombre se volvió conocido durante los años del morenovallismo por su operación en la zona del llamado triángulo rojo; el personaje fue relacionado con el robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios.
El discurso del gobernador adquirió otro sentido: se trata de recuperar zonas donde, durante años, el Estado parecía tener que pedir permiso para entrar. El huachicol no fue sólo un delito: fue un poder paralelo, con economía propia, redes de protección y una base social construida entre el miedo, la necesidad y la complicidad.
Por eso la ofensiva contra el robo de hidrocarburos tiene una dosis de carga política. Armenta quiere mandar el mensaje de que el gobierno no sólo administra la seguridad desde el escritorio, sino que entra a territorios complicados. La coordinación con Defensa, Marina, Guardia Nacional y policías municipales busca vender una idea: el gobierno volvió a tener dientes.
Otro dato delicado es el de los feminicidios. El gobierno afirma que Puebla pasó del lugar siete al lugar doce nacional y que hubo una disminución de 66.6 por ciento. Es, sin duda, un dato relevante.
Las Casas Carmen Serdán, con médicas legistas y peritas mujeres han atendido, según sus propios datos, a más de 250 mil personas.
El punto más complejo, y el reto para cualquier gobierno, es que los delitos pueden bajar, pero no el miedo en el ciudadano. Los números caminan, por un lado y la percepción, por otro. La percepción no siempre es realidad: una cosa es lo que la gente percibe y otra, muy distinta, lo que dicen los números.
Es fácil de explicar: el ciudadano no revisa todos los días la incidencia delictiva. Revisa si puede salir sin miedo, si su negocio no fue asaltado, si el transporte es seguro, si su hija llega bien, si la patrulla acude cuando se le llama. La seguridad no se acredita con un Excel o un PowerPoint.
Armenta tiene a su favor que el discurso de coordinación parece estar acompañado de acciones visibles. Tiene datos, tiene detenciones, tiene despliegue tecnológico y tiene respaldo institucional del gobierno federal. Pero también tiene encima una promesa fuerte: no complicidad, no impunidad, no omisión.
La calle, como siempre, tendrá la última palabra.
