La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga, según fuentes de primerísimo nivel, a Antorcha Campesina por mantener una amplia red de empresas. Se habla de más de 300 razones sociales relacionadas con giros diversos: hoteles, parques de diversiones, constructoras, comercializadoras, escuelas, asesorías políticas y comerciales, arrendadoras, guarderías y empresas de espectáculos.
Presuntamente, la investigación sigue la ruta del lavado de dinero y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Todo ello derivado de una vieja práctica conocida por todos: la extorsión. A eso se sumarían amenazas y violencia de sus líderes contra quienes se oponen a su estilo personal de “trabajar”, por llamarlo de alguna manera.
De hecho, para alimentar nuestro optimismo, ayer la organización volvió a enseñar el cobre.
De acuerdo con denuncias de pobladores de Huitzilan de Serdán, integrantes de Antorcha Campesina irrumpieron en una asamblea comunitaria en la que se discutía el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el FAISPIAM, cuyo monto supera los 10 millones de pesos destinados a obras prioritarias en localidades con rezago social.
¿El fin de los antorchistas?
¡Já! Ya nos lo sabemos.
Llegaron en grupo, presionaron, disputaron el control territorial y buscaron convertir los recursos públicos en botín político.
Según los testimonios recabados, los antorchistas arribaron en autobuses con grupos movilizados para intentar imponer, con violencia, una supuesta mayoría y forzar su reconocimiento dentro del comité que definiría las obras.
El resultado fue la suspensión de la asamblea, momentos de tensión y conatos de bronca que pusieron en riesgo incluso al personal de Bienestar federal.
La escena es conocida. No es nueva. Huele a los manuales de control político: acarreo, presión, golpes, amenazas y disputa por el dinero público.
Esta vez no lo lograron, pero…
No obstante, el tema de la investigación de la UIF no es menor. Desde hace décadas, los antorchistas son señalados, abierta o encubiertamente, por enriquecimiento inexplicable, aunque, si nos basamos en sus formas, es más que explicable.
Próximamente habrá más noticias al respecto.
El PAN, tras sus propios cuchillos
Ya se supo: el principal filtrador de información contra Genoveva Huerta Villegas y Mario Riestra Piña es Luis Franco Martínez, secretario de Fortalecimiento de ese partido, quien intenta apoderarse de la estructura partidista junto con su pareja sentimental, quien también labora en el Comité Estatal de los blanquiazules.
Lo más contradictorio del tema es que el propio Luis Franco acusó, ante Mario Riestra, a Genoveva Huerta, secretaria general, de ser la responsable de soltar a los columnistas poblanos toda la información sobre lo que ocurre en ese partido: los pleitos entre Genoveva y Riestra, así como diversos escándalos internos.
Sin embargo, ella negó dicha acusación y le juró lealtad a su presidente, Riestra. En cambio, denunció a la tesorera de su partido, Alejandra Escandón Torres, de filtrar toda la información sobre la compra de facturas a Christian Bautista Navarro, “El Bau”, recientemente liberado de la cárcel, donde permanecía porque supuestamente estuvo involucrado en el asesinato de la pareja Tello Ruiz, en Tlaxcala.
Incluso, la propia Genoveva Huerta culpó a Escandón de influir en las acusaciones que ha hecho la regidora Guadalupe Arrubarena contra la dirigencia estatal panista.
Luis Franco rechazó las imputaciones y trascendió que a su presidente le dijo: “No seas pendejo, Mario, Genoveva responde así cuando la confrontas”.
Riestra respondió y, al calor de los gritos, decidió darle unas vacaciones a Franco.
Lo que hay detrás de todo, cuentan, es que Franco y Escandón temen que Huerta Villegas sea la candidata a la alcaldía poblana, pues saben que ella les cerraría el paso a regidurías y sindicatura.
Así de feo se llevan en el PAN estatal. Y eso que dicen que este es su mejor momento por el desgaste de Morena.
