Por: Hervey Rivera
Las decisiones de los gobiernos en diversas partes del mundo para mitigar los estragos de la pandemia de la COVID-19 son tan diversas como su grado de desarrollo político, sus capacidades económicas, sus costumbres, tradiciones e historia. El control sanitario, que también es político, podría definir la eficacia de los gobiernos, empresas y organizaciones en el futuro inmediato.
Así como el tema de seguridad se impuso después del ataque a edificios públicos y privados en los EEUU el 11 de septiembre de 2001, ahora el tema de salud será el que marque la agenda en la década por venir.
A diferencia de la pandemia de gripe porcina H1N1 que padecimos hace más de diez años, hoy las barreras de la distancia y el tiempo son relativas, puesto que financiera y comercialmente las repercusiones de problemas de esta naturaleza que aquejan a naciones que se ubican al otro lado del orbe tienen un impacto inmediato en la vida de cientos de millones de ciudadanos en el continente americano.
La epidemia de la COVID-19 inició en una zona de Wuhan, China, un país con un régimen de tipo autoritario que mantiene un control sobre sus habitantes mediante el Sistema de Crédito Social, con el que las autoridades “evalúan” a los ciudadanos mediante incentivos y castigos en áreas como educación, salud, recreación, entre otras. El control que el gobierno chino ejerce sobre sus ciudadanos se logra monitoreando la actividad en teléfonos celulares y mediante reconocimiento facial en las calles con millones de cámaras en las ciudades de aquel país. Es importante señalar que el gigante asiático no permite el uso de plataformas como Facebook, Twitter y Whatsapp, así como Google y Amazon, ya que cuenta con sus propias redes sociales como WeChat, QQ y QZone, entre las principales, y Ali Baba como sitio de ventas.
Los comentarios en redes y los patrones de consumo de los ciudadanos chinos son permanentemente vigilados por personal del gobierno y se almacenan para otorgar puntos en un expediente digital.
El tránsito y movilidad en grandes regiones de aquel país quedó prohibido. Se calcula que 56 millones de habitantes quedaron resguardados en su domicilio por disposición oficial. A más de una persona asombró la construcción de un hospital exclusivo para atender la epidemia en tan solo diez días por parte de autoridades chinas. En esta nación el acatamiento de las disposiciones provenientes del gobierno fue vertical.
En Europa, en países de Asia como Corea del Sur o Hong Kong, en los Estados Unidos y algunos de Latinoamérica —países con democracias (en algunos casos imperfectas)— no se contempló la prohibición del tránsito de ciudadanos ni la supresión de otros derechos, que diversas legislaciones contemplan como “estado de excepción”, es decir, la suspensión temporal de derechos humanos dentro de un territorio. La mayoría de estos países optó por un “estado de emergencia” que le permite a las autoridades tomar decisiones como el cese obligatorio de actividades, reorientación del presupuesto, disponer de fuerza pública para supervisar algunas medidas, entre otras.
La respuesta a la contingencia de salud pública de parte de autoridades democráticas no fue tan contundente como en China, en el sentido de suprimir de inmediato la movilidad y circulación de ciudadanos, ya que en aquellas naciones la respuesta gradual permitió que los contagios y saturación de pacientes en hospitales se extendieran en un lapso de tiempo que complicó la crisis. Un acuerdo internacional y la existencia de importantes actores y grupos de presión dentro de estos países hace muy complicado que las decisiones sean unilaterales. El papel de los medios de comunicación es muy importante, ya que la libertad de expresión no queda suprimida en un estado de emergencia.
Tendrán que transcurrir unos meses —¿o años?— para que podamos constatar cuáles fueron las decisiones adecuadas que disminuyeron la tasa de contagio, los enfermos, la saturación hospitalaria y, por supuesto, los lamentables fallecimientos, es decir, cuáles fueron las más eficientes para atemperar la pandemia del siglo XXI: si las medidas verticales y unilaterales propias de regímenes autoritarios o las disposiciones horizontales y multilaterales en países democráticos.
